El Tekoha Guasu-San Rafael se nos va, ¿alguien va a hacer algo? Pedimos sinceramiento

Este pasado sábado 5 de junio todos los países del mundo celebraban el Día Mundial del Ambiente, y Paraguay también, como Estado Miembro de las Naciones Unidas, ratificando y reafirmando su compromiso de proteger y mejorar el ambiente, la naturaleza y recordando aquel encuentro histórico en Estocolmo en 1972 con la apertura de la Conferencia que trató la situación crítica del ambiente. De allí, dos décadas de intenso trabajo entre los Estados Partes para llegar a Rio de Janeiro en el año 1992 con una cumbre que nos legara, entre otras cosas tres grandes tratados, el de Biodiversidad, el Cambio Climático y el de Desertificación.

Paraguay siempre presente con mayor o menor injerencia en las decisiones y en las propuestas llevó una innovadora propuesta de más de 70 mil hectáreas entre los Departamentos Itapúa y Caazapá, que serían declaradas como Parque Nacional en el ya entonces amenazado Bosque Atlántico (conocido en Brasil como Mata Atlántica y en Argentina como Selva Paranaense). Este compromiso paraguayo como el de Yaboti por Argentina fue aplaudido por las más altas autoridades en las delegaciones diplomáticas. El año próximo, se cumplirán 30 años de ese compromiso, que aún no ha sido honrado. Y esto a pesar de los pedidos y reclamos de la ciudadanía en general, de la Academia con datos científicos, de los pueblos originarios que habitan ese territorio y lo reconocen “legalmente” como el TekohaGuasu, y el resto de la ciudadanía también como San Rafael, debido al cerro totalmente “deforestado” que le dio el nombre.

No sólo que la promesa de gabinete hecha en el 92 no ha sido implementada, sino que además no se les notificó a los dueños de esas tierras, por un lado, dueños que las tienen con fines productivos y los dueños originarios, los Mbyá, que tienen algunas porciones pero que reconocen todo el área como su territorio ancestral, del cual fueron despojados por sucesivas ventas. Y eso particularmente lo que quiero decir con “gabinete” ya que estamos acostumbrado que algunos burócratas sentados en una oficina, delimitan y declaran un área, sin tener ni idea de qué y a quiénes están afectando.

Ese compromiso del “área de reserva para Parque Nacional San Rafael” que luego obtuvo el reconocimiento oficial de que “había sido pertenece a un pueblo ancestral como los mbyá” sirvió de “contrapartida” para préstamos millonarios de entes financieros internacionales, y además desde entonces ha recibido dinero y asistencia técnica de la cooperación internacional también en cifras que superan ese “préstamo”; sin embargo, los resultados son visibles, los mecanismos de inversión no han funcionado y a pesar de que tengamos excelentes informes de cierre de los proyectos, la realidad es otra. Entonces, un llamado a la cooperación internacional, de la cual estamos muy agradecidos, pero los mecanismos de implementación deben ser otros, debemos crear sistemas que honren los compromisos, de lo contrario seguiremos dilapidando dinero y recursos que beneficiarán a un puñado y no necesariamente cumpla la meta, que siempre es consolidar San Rafael – Tekoha Guasu.

Antes del 92 ya sabíamos que este sitio era de altísimo valor para la conservación por la vegetación y flora que contenía, luego le sumamos datos sobre fauna, para finalmente ser considerado, no sólo una de las áreas más importantes para la conservación de la biodiversidad nacional, sino una de las más importantes de Sudamérica. Con el reconocimiento legal y su endoso en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, se creó más confusión y más descontento, tanto en los criollos dueños de esas tierras, como también en las propiedades indígenas.

La autoridad poco decía al respecto, y pasaron varias cuestiones que sí demostraban el poco interés de las autoridades para hacer valer lo que se había creado por derecho, con lo que ya sabíamos de hecho. Un presidente decide desmembrar el área original para dar paso a un asentamiento campesino, en otra administración tierras dentro del área que estaban en manos el Banco Nacional de Fomento fueron vendidas en un proceso oscuro a un propietario privado cuando Hacienda ya tenía listo lo que sería un primer canje de naturaleza, el Instituto de Bienestar Rural sigue habilitando tierras para reforma agraria en zonas de reservas, y ni siquiera se aprovechan los excedentes fiscales para comenzar a crear pequeños núcleos de conservación.

Mientras esto ocurre, la Sociedad Civil en el 2001 se cansó de ser testigos de la destrucción e inoperancia y decidió tomar cartas en el asunto, comprando tierras y declarándolas a conservación a perpetuidad, trayendo un proyecto de secuestro de carbono en el mercado voluntario (el primero en el país), creó una alianza para la conservación el sitio y logró traer recursos financieros para asegurar porciones del territorio de San Rafael que rondan en el 10% del área original, creó alianzas con los pueblos originarios para crear una figura de condominio socioambiental y así sumar superficie.

Frente a la inacción del estado, donó parte de las tierras para que el gobierno pusiera un pie dentro del área, con la cooperación de una de las hidroeléctricas (no precisamente con la que se beneficia de los bosques de San Rafael), se logró hacer una construcción para que pudieran asentarse guardaparques. La academia, nacional e internacional, siguió enriqueciendo con información valiosa que sigue demostrando que urge conservar el sitio, aún con la alta degradación, la extracción ilegal de madera, las plantaciones ilegales, los asentamientos, y el contrabando.

Y toda esta historia aquí resumida no deja de sorprendernos, San Rafael está altamente fragmentando y las diferentes instancias del estado siguen con acciones que degradan aún más este paisaje natural que alguna vez fue clave no sólo para nuestros recursos naturales, sino para la conectividad de la ecorregión, inclusive más allá de las fronteras nacionales, dado que es un ecosistema transfronterizo. Y uno termina pensando que definitivamente está el discurso y lo que se plasma en los papeles, y por otro la realidad, todo parece indicar que es una “caja chica” (aunque no tan chica) para seguir financiando con la madera, con el contrabando, con las plantaciones ilegales, vaya a saber qué tipo de acciones o personas que requieren de esos recursos financieros.

Lo cierto es que cada vez más estamos comprobando que parece que esta es la situación, ya que no hay instancias del estado que velen realmente por este tesoro nacional, parte clave del acervo natural del país, y que requiere de medidas urgentes para que los dueños de esas tierras puedan contribuir a su conservación. Sólo pedimos un sinceramiento de parte de las autoridades, y que si realmente a casi 30 años, no van a poder, lo digan manifiestamente, dejen de recibir recursos por algo que no están haciendo ni defendiendo, y entonces la otra parte del Estado Paraguayo, la Sociedad Civil verá con los Mbyá, habitantes ancestrales, y el sector privado, cómo hacemos para conservar el San Rafael – TekohaGuasu. Pedimos eso, sinceramiento, ética, moral y disculpas por no haber podido cumplir con el compromiso.