Lo ambiental dejado de lado, una vez más

Hace poquitos días, más precisamente el 22 de abril, Día de la Tierra, entró en vigencia lo que se conoce con el nombre del Acuerdo de Escazú. Se llama así a un acuerdo regional sobre el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. Este acuerdo se desarrolló por años y en el cual Paraguay jugó un rol destacado con nuestros diplomáticos, para que finalmente en la ciudad costarricense de Escazú se firmara este acuerdo que debía ser ratificado por los diferentes países firmantes. Tiene una historia que comienza allá por el 2012 para finalmente adoptar el marco general en marzo del 2018, previendo su entrada en vigor este pasado 22 de abril. Paraguay estuvo ausente de estas celebraciones. Hoy son 12 las naciones de la región que se han comprometido con este acuerdo, el primero en la región de índole ambiental, que reconoce y busca garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, la activa participación pública en aquellos procesos de toma de las decisiones de índole ambiental y al acceso a la justicia ambiental, como también la efectiva aplicación y fortalecimiento de capacidades y cooperación, que garantice el derecho de toda persona, de las generaciones presentes y futuras, a ser parte y vivir un desarrollo sustentable y un ambiente sano.

Este acuerdo concebía antes de que sufriéramos los embates de esta pandemia, de esa necesidad de que no debemos arrogarnos la dominación de la naturaleza, y comenzar a entender los procesos naturales y hacer la tarea de adaptarnos a ella, vivir con ella, para evitar estos daños que recibimos como coletazos por esa visión antropocéntrica. Todos los países que desarrollaron este concepto, todos nuestros diplomáticos munidos de información nacional, fueron conscientes de la importancia de las cuestiones ambientales. Y quienes llevaron la postura paraguaya estaban muy comprometidos con el mandato de la Constitución en sus artículos 6 sobre la Calidad de Vida, 7 del Derecho a un Ambiente Saludable, y 8 De la Protección Ambiental. Precisamente ese orden, del sexto al octavo lugar en los artículos constitucionales, hablan de lo que Escazú busca y aspira. Lamentablemente Paraguay no estuvo entre esas 12 naciones que reafirmaron a través de la ratificación del Acuerdo que lo que permite que en dichos países y no en Paraguay, a) se garantice la implementación plena y efectiva de los Derechos de Acceso a la Información Ambiental, b) se propicie la participación pública en el proceso de toma de decisiones, y c) se favorezca el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación de instrumentos que permitan la protección y seguridad de los defensores ambientales.

Para quienes trabajamos en temas ambientales, la no ratificación de este Acuerdo o bien radica en la ignorancia o la no atención a las cuestiones ambientales, o bien otros intereses que nos cuestan identificar que podrían ir en contra de, esperamos, intereses colectivos para el Estado Paraguayo y no intereses particulares de quien deciden si ratifican o no un acuerdo internacional. El debate sobre Escazú fue relativamente escaso, la ciudadanía no entendía de qué se trataba; sin embargo, la ciudadanía sí entiende que existen cuestiones ambientales que afectan nuestros modos de vida, y entienden también que un país que basa su economía en los recursos naturales como lo es suelo, el agua y la biodiversidad, debe prestar más atención. Un tema crucial que trata Escazú es precisamente ese de informar y debatir, y que el Pueblo decida por acuerdo o consenso cuál es la mejor decisión, si sumarnos a una iniciativa regional y beneficiarnos de la cooperación para atender cuestiones diversas, o seguir tomando decisiones internas sin el debido debate y consulta, ya que al final de cuentas, seguiremos esperando la buena voluntad de nuestros aliados y vecinos para atender nuestras mínimas necesidades como las tan ansiadas vacunas que nos ayuden a enfrentar con más dignidad la pandemia.

Los que trabajamos temas ambientales podemos estar equivocados, pero lo cierto es que quienes fueron elegidos por el Pueblo para tomar decisiones que nos competen y afectan nuestras vidas, deben informarnos y de ser posible, si existen las condiciones, deben consultarnos. Finalmente, somos todos nosotros los ciudadanos que con nuestros impuestos pagamos las consecuencias ambientales, sea por enfermedades respiratorias debido a la quema incontrolada de bosques y pastizales, o al incremento de enfermedades ligadas a la desaparición de bosques y al mayor contacto de los humanos con la vida silvestre, o a los resultados de lo que llamamos catástrofes que no son más formas de la naturaleza de tratar de balancear los desequilibrios que causamos

Quiero que Escazú se discuta y con información, que sea un proceso inclusivo y participativo, y hagamos hasta alardes de nuestra legitimidad democrática. Escazú es eso, y deberíamos decidir si queremos estar dentro o fuera. Me hubiese gustado estar celebrando la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú junto a otras Naciones como Chile y México.