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La intervención ocurrió a contramano de una resolución municipal adoptada en noviembre, cuando se revocó la habilitación y se dio por cancelado el proyecto. Aun así, las motosierras ingresaron y en pocas horas eliminaron la cobertura vegetal de un lote que, hasta entonces, aportaba sombra y amortiguación ambiental a una zona con viviendas, comercios y un canal de desagüe cercano.
El emprendimiento también choca con la ordenanza N.º 7/2011, que fija distancias mínimas entre estaciones de servicio. El terreno intervenido se ubica a menos de una cuadra de una boca ya operativa de Petrosur, una proximidad ampliamente documentada en registros cartográficos y tomas aéreas que circularon en redes sociales.
La resistencia barrial no es nueva. Desde principios del año pasado, los residentes nucleados en Vecinos de Trinidad Unidos impulsaron presentaciones formales ante distintas dependencias públicas, logrando un desenlace poco habitual: la anulación del permiso. Ese antecedente, sin embargo, no frenó la acción empresarial. Tras la tala, se radicó una denuncia ante la Fiscalía del Medio Ambiente, aunque el daño ya está consumado.
La reacción ciudadana se amplificó con el testimonio del vecino y activista Mauricio Maluff Masi, quien difundió imágenes y un relato pormenorizado del caso. Su publicación acumuló miles de visualizaciones y volvió a poner en agenda una sensación extendida en la capital: la aplicación selectiva de las normas cuando median intereses económicos.
Especialistas en planificación urbana advierten que Asunción exhibe una densidad de estaciones de servicio difícil de justificar desde criterios de movilidad y seguridad, y que la pérdida de arbolado urbano agrava islas de calor y deteriora la calidad de vida. Para los vecinos, lo ocurrido en Trinidad resume un problema estructural: controles débiles, sanciones tardías y una ciudad que pierde verde a ritmo acelerado.
Mientras avanza la investigación fiscal, el barrio permanece movilizado y expectante. La discusión trasciende una esquina: se trata de si las decisiones administrativas tienen peso real o si, una vez más, el poder económico se impone sobre el interés público y la protección ambiental en la capital.
