Se activa la carrera por la energía solar y eólica en Paraguay
La disposición reglamenta oficialmente el régimen de modernización de generación eléctrica mediante fuentes no hidráulicas, habilitando mecanismos para la autogeneración, cogeneración y generación distribuida en distintos sectores del país. Con esto, usuarios residenciales, comercios e industrias podrán producir su propia energía y eventualmente inyectar excedentes al Sistema Interconectado Nacional.
El acto de firma fue encabezado por el mandatario junto al jefe de Gabinete, Javier Giménez, y el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Ilo Moreno. Desde el Ejecutivo remarcaron que la reglamentación busca convertir la ley en una herramienta operativa concreta para impulsar nuevas inversiones y acompañar el aumento sostenido de la demanda energética.
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) destacó que la reglamentación permitirá fomentar proyectos vinculados a energía solar, eólica, biomasa, biogás y geotermia, incorporando tecnologías alternativas para fortalecer la seguridad energética y reducir la dependencia exclusiva de las fuentes hidroeléctricas.
Otro de los puntos centrales del nuevo esquema es que la ANDE queda habilitada para realizar licitaciones destinadas a la compra de energía producida por generadores privados para abastecer el mercado interno. Según las disposiciones establecidas, las empresas adjudicadas deberán constituirse como sociedades anónimas en Paraguay y mantener al menos el 51% de participación accionaria en manos del oferente adjudicado.
La reglamentación llega en medio de un escenario marcado por debates sobre el futuro energético del país, el crecimiento acelerado del consumo eléctrico y las advertencias sobre la necesidad de diversificar las fuentes de generación ante la expansión industrial y tecnológica proyectada para los próximos años.
El Gobierno sostiene que la normativa permitirá acelerar inversiones en infraestructura energética y abrir un nuevo mercado para el sector privado, mientras desde distintos sectores técnicos y empresariales consideran que el desafío principal será garantizar reglas claras, estabilidad jurídica y capacidad de transmisión para sostener el nuevo modelo energético.