Reglamentan ley de protección infantil y lanzan nueva campaña contra el abuso sexual de niños
Durante su conferencia el ministro explicó que el decreto presidencial firmado recientemente permite la puesta en marcha de un Programa Nacional de Prevención y Atención Integral a víctimas de abuso sexual infantil, el cual busca fortalecer la respuesta institucional y mejorar la articulación entre las entidades del Estado.
Gutiérrez presentó además datos estadísticos sobre denuncias registradas en el país, señalando un aumento progresivo entre 2010 y 2022, año en el que se alcanzó un pico cercano a las 4.000 denuncias. Desde entonces, indicó, se observa una leve disminución, aunque aclaró que cada caso representa una situación grave que requiere atención. En 2023 las denuncias bajaron a aproximadamente 3.800 casos, en 2024 a unos 3.500, y en 2025 el cierre estimado fue de cerca de 3.300 denuncias, configurando una leve curva descendente.
Gutiérrez aclaró que esta disminución no debe interpretarse como un logro en sí mismo, ya que cada caso representa una situación de vulneración grave. En ese sentido, atribuyó el aumento sostenido durante más de una década a una mayor visibilización del problema, así como a la consolidación de la cultura de denuncia. Señaló que la ciudadanía hoy reconoce con mayor claridad cuándo corresponde denunciar, dónde hacerlo y cuáles son los mecanismos disponibles, lo que habría contribuido al incremento de los registros en el sistema.
En ese sentido, destacó la importancia de la campaña "Todos somos responsables", que busca involucrar a la ciudadanía en la prevención, detección temprana y denuncia de casos de abuso. Según explicó, el enfoque actual apunta no solo a la denuncia, sino también a la prevención y la acción inmediata ante situaciones de vulneración de derechos.
Asimismo, señaló que el nuevo programa establece protocolos de intervención coordinada entre instituciones del Estado, con el objetivo de evitar la revictimización y garantizar una respuesta integral a las víctimas.
Finalmente afirmó que la implementación de esta normativa representa un avance significativo en la política pública de protección infantil, aunque reconoció que aún persisten desafíos importantes en la lucha contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes.