En las aulas, los recreos y hasta en los pasillos, hay historias que a veces no se cuentan por miedo. Pero cuando una de esas historias llega a oídos de un adulto, comienza un proceso que busca, ante todo, proteger a quien sufre.
Cuando un miembro de la comunidad educativa (docente, estudiante, familia o personal) detecta o sospecha un caso de abuso, debe comunicarlo al docente encargado o al plantel directivo. El director coordina la recolección y análisis de la información, contrastando datos de diversas fuentes y garantizando la confidencialidad.
Si se trata de un hecho de acoso en las aulas, lo primero es escuchar. El docente o directivo que recibe la denuncia activa un mecanismo rápido que consiste en recabar información, contrastar versiones y, en un máximo de 72 horas, saber si lo que se sospecha es cierto. Si no hay pruebas suficientes, se refuerzan las medidas preventivas; si se confirma, la acción es inmediata.
Así actúa el MEC ante denuncias de acoso o violencia escolar
El protocolo fija un plazo de 72 horas para confirmar o descartar la denuncia. Si no se confirma, se refuerzan las medidas preventivas; si se confirma, se activan de inmediato las medidas urgentes y se informa a las familias, a la Supervisión Pedagógica y a la Dirección de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del MEC.
Cuando el señalado no es otro estudiante, sino un docente o miembro del personal, la reacción es todavía más rápida y estricta: se informa de inmediato a las instancias superiores, se involucra a especialistas en protección de la niñez y, si el hecho es grave, también a la Fiscalía y la Policía. De forma paralela, se aparta al acusado de todo contacto con la víctima y con cualquier menor, ya sea reubicándolo o suspendiéndolo preventivamente mientras avanza la investigación.
Medidas inmediatas de protección
La prioridad es garantizar la seguridad de la víctima. Esto incluye evitar nuevos acercamientos del agresor, intensificar la vigilancia en zonas comunes (patios, baños, pasillos) y mantener entrevistas de contención en un espacio discreto para reducir riesgos de represalias.
Simultáneamente, se entrevista al agresor para comunicar las medidas adoptadas, dejar claro que existe tolerancia cero al acoso y analizar las causas de su conducta. Las familias de ambas partes son informadas y se solicita su colaboración.
Garantías contra represalias
El protocolo subraya la necesidad de actuar con discreción y confidencialidad para no exponer a la víctima a nuevos riesgos. También contempla la vigilancia reforzada, la concientización de compañeros y el seguimiento continuo del caso, así como la posibilidad de involucrar a instituciones como la Codeni, Defensoría, Fiscalía o la Policía Nacional si el hecho excede el ámbito escolar.
Según el MEC, toda la comunidad educativa debe involucrarse en la prevención, detección temprana y tratamiento de estos casos, recordando que ningún acto violento es aceptable ni tolerado en las instituciones educativas del país.
La prioridad es cuidar a la víctima. Eso significa que no vuelva a cruzarse con su agresor, vigilar zonas clave como baños y pasillos, y brindarle un espacio seguro para hablar sin temor a represalias. También se conversa con el agresor, de forma individual, para dejar claro que el acoso no tiene cabida y entender qué hay detrás de su conducta.
Las familias, tanto de quien sufre como de quien agrede, son parte de la solución. Se les informa lo ocurrido y se las invita a colaborar en un plan para que el problema no se repita. Y si la situación lo amerita, se pide ayuda a instancias externas: desde redes comunitarias hasta organismos especializados en protección de la niñez.
Números
Aunque a veces cueste creerlo, las cifras muestran que el problema está presente: solo en 2024 se registraron 200 denuncias de acoso o bullying en las escuelas y colegios del país, y hasta agosto de este año ya se contabilizan 93 casos. Cada número es una historia distinta, un llamado de atención para que la comunidad educativa no baje la guardia.
Silencio que educa, silencio que duele
En una sala de clases, el silencio puede ser un aliado del aprendizaje: el murmullo se apaga, las miradas se concentran en la pizarra y la voz de la profesora guía la lección. Es un silencio disciplinado, lleno de atención y respeto, que permite que las ideas fluyan y que el conocimiento se asiente. Pero existe otro silencio, mucho más denso y peligroso, que no educa ni protege: el silencio de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, el que encubre el acoso, el hostigamiento o el maltrato. Ese es el silencio que debemos romper sin titubeos, porque callarlo es permitir que crezca.
Entre las paredes de una escuela, la convivencia no es un tema menor. Las normas claras, la vigilancia atenta y el compromiso de todos pueden convertir el "nadie hace nada" en un "acá no pasa más". Porque hablar a tiempo, aunque cueste, es el primer paso para que el silencio no se convierta en cómplice.