PJC: vecinos denuncian que fábrica vinculada a exgobernador provoca temblores y riesgo de derrumbe en barrio residencial
Vecinos del barrio Che Jazmín, en Pedro Juan Caballero, denuncian que la fábrica Preformax Paraguay, una productora de botellas instalada en plena zona residencial, no les permite descansar debido a los fuertes ruidos y constantes temblores que generan sus maquinarias. Aseguran que las vibraciones ya provocaron grietas estructurales en varias viviendas, que corren riesgo de derrumbe.
La instalación industrial, que opera con 12 máquinas de gran porte, se levanta sobre un inmueble perteneciente a Super Mix S.A., empresa en la cual el exgobernador de Amambay, Pedro González Ramírez, reconoció públicamente tener acciones. González, quien suena como posible precandidato a la intendencia de Pedro Juan Caballero, mantiene además una conexión política directa con la comuna, ya que su esposa, Lourdes Amarilla, es la presidenta de la Junta Municipal.
Los afectados señalan que desde 2014, año en que la fábrica se instaló en el barrio, la situación no solo no mejoró, sino que la empresa siguió ampliando su infraestructura, intensificando los problemas. Existen al menos 50 denuncias ante la Policía Nacional y otras varias ante el Ministerio Público, sin que hasta el momento se haya conseguido una respuesta efectiva.
Una de las vecinas, entre lágrimas, relató que la fábrica "miente a la fiscalía", ya que durante las intervenciones solo enciende una de las 12 máquinas, lo que impide registrar el verdadero impacto sonoro y estructural. A pesar de las pruebas audiovisuales presentadas por los residentes, las investigaciones fiscales no avanzan, denunciaron.
Ante la presión ciudadana, el director de Fiscalización del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Conrado González, anunció que se realizará un relevamiento en la zona y se solicitará un informe detallado a la Municipalidad sobre la situación de la fábrica.
Como antecedente judicial, la Corte Suprema de Justicia rechazó "in límine" una acción de inconstitucionalidad presentada por los representantes legales de la embotelladora, lo que dejó firme una decisión previa en su contra.
Los vecinos exigen una intervención definitiva que garantice su seguridad y el respeto a la normativa ambiental y urbanística, mientras que la actividad de la fábrica continúa generando preocupación y temor en el barrio.