Piden el cese de la violencia como mecanismo para resolver conflictos en las cárceles
Desde el Mecanismo Nacional de Prevención de Torturas (MNP), emitieron un comunicado en el que se manifiesta preocupación por denuncias recibidas por parte de personas privadas de su libertad en varios centros penitenciarios del país. Específicamente en las cárceles de Emboscada, Misiones, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, y el viernes último, en Pedro Juan Caballero.
En ese contexto, afirman que en el último trabajo de monitoreo se identificó prácticas generalizadas de tortura y malos tratos, sumadas a altos niveles de conflictividad derivados del antagonismo entre grupos rivales del crimen organizado de base carcelaria. "Preocupa que a la fecha, ocupe el cargo del Director de la cárcel regional de Pedro Juan Caballero el señor Domingo Antonio Bazán, cuya gestión al frente de distintas instituciones penitenciarias fue objetada de manera reiterada y frontal por el MNP desde hace cuando menos ocho años, debido a sus comprobadas prácticas de tortura y malos tratos hacia las personas privadas de libertad a su cargo", dicta parte del comunicado.
También manifiestan preocupación por el funcionamiento y el accionar del denominado GRAP (Grupo de Reacción de Agentes Penitenciarios), que a criterio del MNP, su creación no está debidamente documentada y cuyos integrantes actúan sin ningún protocolo que regule sus intervenciones, no llevan porta nombres identificatorios, cubren sus rostros con pasamontañas al momento de operar y crean zozobra entre la población penitenciaria por la violencia extrema que rodea sus procedimientos.
Desde el MNP aseguran que estas prácticas, lejos de reprimir la existencia y el funcionamiento de grupos del crimen organizado de base carcelaria, los alienta, pues afirman que la población penal no involucrada se ve obligada a “enrolarse” para garantizar mínimamente su seguridad y sobrevivencia.
"A la luz de estas consideraciones, el MNP ha llamado la atención, de manera reiterada, al Ministerio de Justicia sobre el uso excesivo de la fuerza como única respuesta a la actual situación de conflictividad, la cual nunca podrá ser superada por el camino de la violencia institucional y, en consecuencia, exige a las autoridades responsables del sistema penitenciario la adopción de medidas racionales y dialogadas que permitan la recuperación, por parte del Estado, del gobierno de las cárceles y disminuya la actual crispación que, de no atemperarse, puede dar lugar a una escalada de gravísimas e indeseadas consecuencias", sentencia finalmente el documento publicado.