"No es natural, no es normal": lamentan ola de feminicidios y la absoluta impunidad
En lo que va del año 2025, 14 mujeres fueron asesinadas en nuestro país por razones de género. Una de estas víctimas fatales fue parte de un triple feminicidio. Los datos del Ministerio Público son contundentes: 27 hijos e hijas quedaron huérfanos, 38 mujeres sobrevivieron a intentos de feminicidio y actualmente una de ellas se encuentra gravemente internada, luchando por su vida.
Las cifras no se detienen allí. Entre enero y junio de este 2025, 19.399 personas denunciaron violencia familiar. Se estima que la cifra ya superó las 20.000 víctimas este mes de julio. La violencia de género se muestra como una epidemia que, lejos de disminuir, se agrava. Y lo hace en un contexto político donde, paradójicamente, se amenaza con cerrar o desmantelar el Ministerio de la Mujer, una de las pocas instituciones que abordan la problemática de forma específica.
¿Qué sostiene esta violencia extrema?
Para Alicia Amarilla, coordinadora nacional de la Organización Conamuri, la violencia de género "es una fuerza política, económica, cultural y religiosa". En la entrevista, cuestiona a sectores del Estado y a los medios de comunicación por sostener discursos que promueven el odio, refuerzan el machismo y deshumanizan a las mujeres. "Los hombres ya no tienen el control de antes, las mujeres trabajan, mantienen el hogar, pero ellos quieren seguir controlando. Y como no pueden, reaccionan con más violencia", menciona.
Desde el Bañado Sur, Soraya Bello, trabajadora social y directora de la Asociación Mil Solidarios, con más de 20 años de experiencia en el trabajo con mujeres, denuncia la naturalización del machismo en todos los niveles. "Tenemos autoridades acusadas de violencia o abuso sexual, pero no pasa nada. Eso da poder a los agresores. Las mujeres van a denunciar y en las comisarías se les dice: '¿Estás segura? ¿No te vas a arrepentir?'". La impunidad —insiste— fortalece la violencia.
Desde el ámbito académico, el Centro de Documentación y Estudios (CDE) subraya la combinación de factores culturales y estructurales: el mandato de dominación masculina, la frustración identitaria, y un entorno social atravesado por la corrupción, el narcotráfico y la "ley del más fuerte". A esto se suma —alerta su referente Clyde Soto— la presencia de sectores antiderechos dentro del propio aparato estatal, que alimentan discursos de odio y deslegitiman los avances logrados en materia de género.
¿Qué se puede hacer?
Las tres exponentes consultadas coinciden en que el Estado debe dejar de mirar hacia otro lado. Para Amarilla, las instituciones públicas perdieron credibilidad: "Se denuncia y no pasa nada, se llega al feminicidio porque no se protege a la víctima ni se pone límites al agresor". Plantea además que la comunidad debe asumir un rol activo: hablar, informar, solidarizarse, educar en el hogar y en la escuela, involucrar a los varones en la prevención: "De todos lados, de todas las organizaciones debemos hacernos eco, hablar con los jóvenes, las mujeres, niños, niñas, y tratar de instalar en nuestras acciones estas situaciones de violencia para que la gente tome consciencia de que esto no es natural, no es normal, la mujer no tiene la culpa de lo que le pasó y ver la forma de prevenir casos más de los que ya se están dando".
Bello exige respuesta inmediata del Estado y sanciones ejemplares. "No puede ser que los protocolos existan solo en el papel. Necesitamos que funcionen en la práctica". Destaca también el rol de las organizaciones barriales: "Cuando una mujer va sola, no le toman la denuncia. Pero cuando va acompañada y presionamos, entonces sí se activa algo. Eso salva vidas".
Por su parte, Soto insiste en la necesidad de combinar respuesta judicial inmediata con medidas de prevención cultural y educativa. "Las acciones más urgentes son todas las que ofrezcan inmediata atención a las víctimas y otras personas perjudicadas por esta forma de violencia, en especial las niñas, los niños y las familias, así como las que impidan la impunidad", expresa. La experta destaca la urgencia de incluir a los varones en estas transformaciones, para romper con los modelos de masculinidad violentos que el sistema sigue reproduciendo.
El peligroso retroceso institucional
En medio de esta crisis, el debate sobre el cierre del Ministerio de la Mujer agrava la preocupación. Amarilla recuerda que cuando era apenas una Secretaría, esta entidad permitió que muchas organizaciones —entre ellas, Conamuri— nacieran y se consolidaran: "Nos dio la posibilidad de hablar, de denunciar, de conocer nuestros derechos. Su desaparición sería un golpe terrible para las mujeres campesinas e indígenas", dice.
Bello es tajante: "El Ministerio de la Mujer no puede desaparecer. Al contrario, hay que fortalecerlo, darle presupuesto, presencia territorial, iniciativa política. Nosotras no pedimos caridad, pedimos un Estado que funcione para todas". La violencia de género —afirma— no es solo feminicidio: incluye embarazo adolescente, pobreza, exclusión, y todas esas áreas deben ser abordadas desde una institución especializada.
Finalmente, para Soto, cerrar o debilitar el Ministerio equivale a un mensaje de vía libre a la violencia. Aunque reconoce que tiene desafíos, valoran su historia y su simbolismo como apuesta estatal por la igualdad: "Es hoy más necesario que nunca. En lugar de suprimirlo, hay que reforzar su rol y su capacidad de acción", es más: se trata de "la instancia más relevante para expresar el compromiso y la acción del Estado por una sociedad libre de violencia hacia las mujeres", concluye.