Mafia de pagaré: Jueces habrían recibido dinero de empresas por "notificaciones voladoras"
La Fiscalía acusó y pidió juicio oral para las juezas de paz Analía Cibils y Natalia Garcete, y para los exjueces Víctor Nilo Rodríguez y Liliana González, quienes presuntamente favorecieron al esquema criminal conocido como la mafia de los pagarés. Actuarios, ujieres, oficiales de justicia y abogados de empresas de cobranzas también fueron acusados.
La Fiscalía destaca que la tésis de que los jueces favorecieron a las empresas, se fortalece con el hecho de que estos percibían parte del dinero que las empresas de cobranzas abonaban por los informes falsos de notificación; es decir, las conocidas "voladoras" en el ámbito tribunalicio.
Los escritos presentados revelan cómo entre los años 2022 a 2024, magistrados y otros funcionarios del sistema de justicia, actuaron en conjunto para favorecer a empresas de cobranzas. Las víctimas del esquema, funcionarios activos y jubilados, no eran notificadas debidamente de estas actuaciones para ejercer su defensa.
«Estas notificaciones e intimaciones de pago, así como los mandamientos de embargo, no fueron diligenciadas por los ujieres y oficiales de justicia conforme a las constancias acreditadas por ellos en los documentos, lo cual era conocido y querido tanto por los abogados demandantes, los actuarios y la jueza a cargo», señala parte de la acusación.
En cuanto al actuar de los jueces de paz, en relación a la jueza Carmen Analía Cibils, se menciona que en 185 expedientes durante los años 2022, 2023 y 2024, dictó resoluciones judiciales violando el principio de igualdad. Respecto a la jueza Nathalia Guadalupe Garcete, se habla de que en 97 expedientes durante los años 2023 y 2024, dictó resoluciones judiciales violando el principio de igualdad.
En relación a la exjueza Lilian González de Bristot, en 179 expedientes entre los años 2023 y 2024, dictó resoluciones judiciales violando el principio de igualdad. Respecto al exjuez Víctor Nilo Rodríguez, se habla de 178 expedientes en los cuales, en los años 2022, 2023 y 2024, dictó resoluciones judiciales con las mismas irregularidades.
La acusación resalta que todo ello lo habrían hecho con conocimiento de que se apartaban de la ley, pero además, con la clara intención de favorecer a la parte actora en los juicios tramitados ante ella. En ese sentido, aseguran que la intención de beneficiar a la parte actora se evidencia en el hecho de que el propósito era que éstas pudieran cobrar los montos de dinero reclamados a través de los embargos ejecutivos a los deudores.
Los fiscales sostienen que todos sabían, consentían y acordaban que los expedientes y las actuaciones en los mismos fuesen elaborados por los abogados demandantes, representantes de firmas de cobranzas. Además, se menciona que la violación del derecho se produjo al falsear los hechos en lo concerniente a las notificaciones practicadas, vulnerando con ello la garantía procesal de defensa en juicio que tiene toda persona.
De estas circunstancias se desprende que los magistrados actuaron con el conocimiento de que las notificaciones dirigidas a los demandados no eran diligenciadas realmente por los ujieres, quienes se limitaban a informar falsamente sobre ello. A pesar de ello, dictaron resoluciones vulnerando el derecho a la defensa en juicio de toda persona y violando las formas dispuestas para el caso particular.