Juez decreta prisión de fiscala procesada por supuesta coima
El juez José Agustín Delmás Aguiar ordenó que la fiscala Ana Elizabeth Girala López (45) vaya a prisión, ante el peligro existente de que pueda obstruir la investigación y se dé a la fuga. La agente, quien fue desaforada y suspendida sin goce de sueldo, está procesada por cohecho pasivo agravado (coima) y asociación criminal, junto con su secretaria y su asistente, al igual que otros tres abogados.
A pedido del Ministerio Público el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, José Agustín Delmás, decretó la prisión preventiva de la fiscala suspendida Ana Girala, quien se presentó voluntariamente acompañada de su abogado para la audiencia de imposición de medidas, en el proceso que afronta por supuesta coima y asociación criminal.
De esta forma, Girala permanecerá privada de libertad en la comisaría 17 de Santísima Trinidad, de mujeres, por un término de 15 días y luego, si no hay resolución contraria, será trasladada a un recinto penitenciario que resuelva el Ministerio de Justicia. De hecho, el juzgado de garantías coordinará con la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios el recinto acorde para la reclusión de la fiscala suspendida.
La fiscala interina Alma Zayas, quien participó de la audiencia de imposición de medidas ante la recusación de su colega Osmar Legal, solicitó la prisión de Girala alegando peligro de fuga y peligro de obstrucción a la investigación. Dichos presupuestos fueron tenidos en cuenta por el juez Delmás.
De la misma forma está incluido en la investigación penal por soborno agravado y asociación criminal el abogado Marcos Aurelio Velazco Mendoza, a quien también afecta la medida de prisión preventiva.
Cabe señalar que el auxiliar de justicia recién este martes se puso a disposición de las autoridades jurisdiccionales.
Por la misma causa penal están imputadas la asistente fiscal de Girala, Christi Magalí Ortega Domínguez, por los hechos punibles de cohecho pasivo y asociación criminal en calidad de cómplice, mientras que a la secretaria fiscal Griselda Beatriz Acha Alcaraz, por el hecho de asociación criminal, también en calidad de cómplice. Para el caso de la última, el magistrado ordenó su arresto domiciliario.
Las demás abogadas indagadas son Liz Elena Martínez y Nélida Vicenta Alcaraz, por el hecho de soborno agravado en calidad de autores y asociación criminal, en calidad de cómplices. Todas las personas citadas en este caso fueron imputadas por el fiscal Osmar Legal, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).