NacionalesNueva Toledo, Caaguazú

Joven había denunciado a su agresor hace un mes: la audiencia estaba fijada para el día siguiente del crimen

El caso ocurrido el 15 de julio en la comunidad indígena Yvy Morotî, donde una adolescente fue asesinada y dos mujeres resultaron heridas, revela fallas estructurales en la respuesta institucional ante denuncias de violencia de género. El agresor, que tenía orden de restricción y procesos previos, se suicidó tras el ataque.

16 Julio de 2025
16 Julio de 2025
Feminicidio enluta a comunidad en Nueva Toledo.
Feminicidio enluta a comunidad en Nueva Toledo. Foto: Policía Nacional.

La tragedia ocurrida en Nueva Toledo, Caaguazú, el pasado martes 15 de julio, fue advertida con semanas de antelación. Derlis Báez, autor del ataque que dejó una víctima fatal y dos mujeres heridas, había sido denunciado por violencia intrafamiliar por su expareja, Sany Paola Cabrera, sin que las autoridades actuaran con celeridad. La audiencia ante el Ministerio Público estaba fijada para el día siguiente al crimen, es decir, para hoy.

El ataque se produjo en horas de la siesta, cuando Báez irrumpió en la vivienda donde se encontraba su expareja, junto a su hermana adolescente Mirna Soledad Cabrera (17) y una amiga de la familia, María del Rosario Brítez (58). Disparó contra las tres mujeres, matando a la menor e hiriendo gravemente a las otras dos. Luego, se dio a la fuga y fue hallado muerto, en un aparente suicidio.

Según relatos de Mirna Raquel Cabrera, hermana de las víctimas, la familia contaba con audios, videos y otras pruebas que serían presentadas en la audiencia que, lamentablemente, no llegó a concretarse.

La fiscala Norma Salinas, a cargo del caso, confirmó que Báez contaba con una orden de restricción y tenía otros procesos abiertos. Reconoció que el sistema judicial no logra garantizar el cumplimiento de medidas de protección y denunció que las víctimas muchas veces no logran romper con el círculo de dependencia económica y emocional, dificultando el avance de las causas.

"En la mayoría de los casos, el sistema se doblega ante la mujer victimizada", lamentó la fiscala, quien explicó que apenas una minoría de las denuncias por violencia intrafamiliar llegan a juicio oral.

Por su parte, el abogado Gabriel Quintana, quien fue contactado por el agresor días antes del crimen, afirmó que Báez había manifestado su intención de iniciar un juicio para ver a su hija. Aseguró que no mostró señales de alteración ni comportamientos agresivos. "Me trajo sus documentos y me consultó sobre los honorarios. Estaba redactando los escritos cuando me enteré del crimen", relató.

El caso de Nueva Toledo se suma a la lista de feminicidios ocurridos en lo que va del año en Paraguay, que ya asciende a 15, y expone una vez más la ineficacia del sistema para proteger a las víctimas de violencia de género, incluso cuando estas se atreven a denunciar.

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