NacionalesPreocupación en el sector sanitario

Investigan presunta contratación de médicos sin competencias mínimas en el sistema público

El presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, Jorge Rodas, confirmó que acudieron a la justicia ante la presencia de profesionales egresados de carreras no acreditadas en servicios que exigen especialistas, lo que —advierte— pone en riesgo la atención de la población más vulnerable.

10 Diciembre de 2025
10 Diciembre de 2025
Doctor Jorge Rodas, del Círculo Paraguayo de Médicos.
Doctor Jorge Rodas, del Círculo Paraguayo de Médicos. Foto de archivo.

El Círculo Paraguayo de Médicos inició acciones judiciales por la supuesta incorporación de profesionales sin la preparación mínima requerida en centros asistenciales del primer departamento. Según explicó su titular, Jorge Rodas, la situación afecta a áreas donde deberían desempeñarse exclusivamente especialistas.

Rodas señaló que, al acudir a determinados servicios, encuentran a médicos formados en carreras no acreditadas por la ANEAES, pese a que la Ley de Educación Superior —vigente desde 2013— establece estándares obligatorios de calidad académica. "Es un hecho que puede afectar a la población", afirmó.

Advertencia sobre riesgos

El presidente del gremio recordó que la normativa impide que egresados de programas no certificados concursen o trabajen en el ámbito público debido a que "no tienen las competencias para responsabilizarse de diagnósticos y tratamientos adecuados". Agregó que la mayoría de los usuarios de estos servicios "no llega con una sola patología, sino con varias, por su propia condición de vulnerabilidad".

Vacíos legales y cuestionamientos 

Rodas explicó que quienes terminan estudios no acreditados obtienen título académico y lo registran en el Ministerio de Educación, requisito que posteriormente habilita su incorporación al sistema sanitario. Sin embargo, remarcó que la falta de evaluación y certificación significa que "no alcanzaron el mínimo" exigido por la legislación.

Ante este escenario, el gremio insiste en que la ley busca precisamente "proteger a la ciudadanía", al prohibir que estos profesionales ejerzan en instituciones públicas. Por ello, reclaman esclarecer cómo se concretaron las contrataciones bajo sospecha.

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