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El anuncio fue realizado por Gabriel Espínola, dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica), quien explicó que, pese a que su gremio defendía la postura de no iniciar las clases como medida de presión, primó el criterio de respetar el calendario establecido por el Ministerio de Educación y Ciencias. La determinación incluyó además la convocatoria a un congreso unitario previsto para el 28 de febrero, donde se analizarán los próximos pasos.
La controversia gira en torno a los cambios introducidos al sistema jubilatorio. El proyecto aprobado en la Cámara Baja establece de forma excepcional una edad mínima de 57 años para que los docentes del sector público puedan acceder a la jubilación. Actualmente, los educadores no cuentan con un límite etario, siempre que acrediten entre 25 y 27 años de aporte. La propuesta también fija un porcentaje de sustitución del 70% al 85%, lo que generó amplio rechazo en el sector.
Tras las movilizaciones masivas registradas en distintos puntos del país, el Senado optó por postergar el estudio del proyecto hasta el 25 de marzo y abrir una instancia de diálogo. Para ello se acordó instalar una mesa técnica entre legisladores y representantes sindicales, cuya primera reunión está prevista para el miércoles 18 de febrero en la sede parlamentaria.
Desde la Unión Nacional de Educadores (UNE) señalaron que presentarán una propuesta consensuada durante ese encuentro. Aunque algunos sectores admiten la posibilidad de discutir una edad mínima, insisten en que el Estado debe aumentar su aporte a la caja jubilatoria en su condición de empleador.
En paralelo, el oficialismo adelantó que planteará ajustes a la media sanción proveniente de Diputados. Entre las alternativas que se manejan figura elevar el porcentaje de sustitución a una franja que podría oscilar entre el 75% y el 90%, buscando atenuar el impacto de la reforma.
Con el acuerdo alcanzado, se espera que alrededor de 1.200.000 estudiantes de aproximadamente 7.500 instituciones educativas estatales regresen a las aulas el 23 de febrero. El ministro de Educación, Luis Ramírez, había asegurado días atrás que las escuelas estarán abiertas desde el primer día y que programas como Hambre Cero comenzarán a ejecutarse de manera simultánea con el inicio del año lectivo.
Aunque el paro quedó en suspenso, la tensión entre el sector educativo y el Congreso sigue latente. Las negociaciones en torno a la reforma jubilatoria marcarán el clima político y sindical de las próximas semanas, en un escenario donde los docentes advierten que no descartan nuevas medidas si no se alcanzan acuerdos que consideren justos.
