Imputan a jueza, actuaria y exfiscal por presuntos sobornos para liberar a Walter Galindo
El Ministerio Público, representado por el fiscal Néstor Coronel, presentó una imputación formal contra la jueza de Lambaré, Isabel Bracho, la actuaria judicial Ruth Karina Ferreira y la exfiscal Egidia Gómez. Las tres funcionarias enfrentan cargos por cohecho pasivo agravado, frustración de la persecución penal y realización del hecho por funcionarios, tras hallarse indicios de un esquema de corrupción diseñado para beneficiar al presunto narcotraficante Walter José Galindo, líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.
Según la investigación fiscal, el eje central de la acusación contra la jueza Bracho gira en torno a la supuesta recepción de 50.000 dólares a cambio de beneficios procesales. Los antecedentes refieren que la magistrada habría facilitado el sobreseimiento definitivo de Galindo el 17 de diciembre de 2021, utilizando la figura de criterio de oportunidad. Además, se detalla que en noviembre de ese mismo año, Bracho permitió que el acusado abandonara el juzgado sin medidas coercitivas, a pesar de que pesaba sobre él una orden de captura por violar su arresto domiciliario, la cual había sido emitida por su propio despacho.
La participación de la actuaria Ruth Ferreira habría sido clave para ejecutar estas maniobras legales. El acta de imputación señala que Ferreira confeccionó los documentos necesarios para levantar el estado de rebeldía de Galindo y otorgarle medidas menos gravosas a la prisión preventiva. Todo esto ocurrió presuntamente con pleno conocimiento de la situación irregular del procesado, y las actuaciones se habrían formalizado en presencia del propio Galindo y sus representantes legales, consolidando así la impunidad del acusado en esa instancia.
Por su parte, la situación de la fiscal jubilada Egidia Gómez resulta particularmente grave debido a la manipulación de evidencias. Se le atribuye haber sustituido tres paquetes tipo ladrillo de cocaína incautada por bicarbonato de sodio y haber devuelto irregularmente una camioneta decomisada. No obstante, la investigación sugiere que Gómez no recibió la compensación económica prometida por estos actos, lo que provocó una ruptura en su relación con la defensa de Galindo, llevándola a remitir el expediente completo en septiembre de 2021 en un intento de rectificar el curso de la causa.
El esquema corrupto quedó al descubierto gracias a una serie de escuchas telefónicas realizadas desde mayo de 2021. En estas interceptaciones se registraron conversaciones entre Walter Galindo y sus abogados, Crispín Gilberto Rojas y Rosana Palazuelos, donde se mencionaban explícitamente los nombres de las funcionarias ahora imputadas. Los audios revelaron las negociaciones sobre los pagos y los favores específicos que el presunto narco recibiría para eludir la justicia, evidenciando la profundidad de la infiltración del crimen organizado en el sistema judicial.