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El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, brindó un panorama detallado sobre la situación del sistema penitenciario en Paraguay, incluyendo los delitos que más generan prisión preventiva y condenas, así como la organización de los centros penitenciarios y los criterios de seguridad aplicados a los internos.
Según Nicora, los hechos punibles que concentran la mayor parte de los procesamientos y condenas son hurto, hurto agravado, robo, violencia familiar y tráfico de comercialización. "Lidera el hurto", destacó el ministro en entrevista con la 1020 AM, señalando que estos delitos, principalmente relacionados con la propiedad, representan la mayor proporción de los casos en los que se impone prisión preventiva y posterior condena.
El ministro explicó que, a la fecha, Paraguay cuenta con 19 centros penitenciarios distribuidos en todo el territorio nacional. Algunos recintos históricos han sido clausurados, como el Buen Pastor en Asunción, mientras que se habilitaron nuevos centros, incluyendo el Complejo para Mujeres Privadas de Libertad. Además, se cerró un pabellón de mujeres en San Pedro, consolidando la reorganización del sistema penitenciario para optimizar la seguridad y el manejo de los internos.
Nicora destacó que de los 19 centros penitenciarios, dos son considerados de máxima seguridad. Sin embargo, aclaró que no todo el centro funciona bajo este régimen: "Los nuevos centros, como Mingahuazú, Martín Mendoza y el Comple, cuentan con ocho módulos, que funcionan como mini penitenciarías dentro del mismo establecimiento. Esto nos permite separar a procesados y condenados, y categorizar por tipo de delito", explicó.
Cada módulo convencional tiene capacidad para 164 internos, mientras que el módulo de máxima seguridad, denominado módulo 8, alberga hasta 82 personas, divididas entre planta baja y alta. Estos módulos especiales cuentan con infraestructura diferenciada, incluyendo muros internos, garitas de control y más de 300 cámaras de vigilancia, garantizando la separación de internos de alto perfil, como sicarios o condenados por abuso, de aquellos procesados por delitos de menor gravedad, como estafas o alteración de cheques.
El ministro resaltó que esta categorización no solo facilita la administración del sistema penitenciario, sino que también garantiza la seguridad de los internos y del personal, evitando conflictos internos y riesgos innecesarios. Además, permite que cada interno cumpla su condena de acuerdo con su perfil y el tipo de delito cometido, asegurando que los módulos de máxima seguridad estén destinados exclusivamente a quienes requieren vigilancia reforzada.
Nicora subrayó que los antecedentes delictivos son clave para organizar y evaluar el sistema: hurto y hurto agravado encabezan las estadísticas, seguidos por robo, violencia familiar y tráfico de comercialización, lo que refleja la necesidad de priorizar la separación de internos según riesgo y perfil de delito. Esta planificación permite un control más eficiente y una distribución equitativa de los recursos penitenciarios.
Por último, el ministro señaló que la modernización de los centros penitenciarios y la implementación de módulos diferenciados representan un avance en la política penitenciaria, orientada a mejorar la seguridad, garantizar el cumplimiento de la ley y proporcionar un sistema más estructurado para procesados y condenados, al tiempo que se resguarda la integridad de todos los internos.
