El defensor del pueblo, Rafael Luis Ávila Macke fue imputado por presunto desacato a una orden judicial luego de que una funcionaria permanente de la Defensoría del Pueblo fuera apartada de su cargo de directora general, Nidia Pintos Benítez. La fiscal del caso, Mercerdes Vera ya solicitó el desafuero del defensor ante el Juzgado Penal de Garantías.
En el A.I. de fecha 19 de junio de 2024, el Tribunal de Cuentas Contencioso Administrativo de la Primera Sala dispuso hacer lugar a la medida cautelar que interpuso la funcionaria destituida y dispuso su inmediata reposición al cargo. Tras el incumplimiento de esta disposición, Pintos el 11 de setiembre del mismo año comunica el hecho. Así también informó sobre la vacancia del cargo
Posteriormente, el presidente del Tribunal de Cuentas Contencioso Administrativo 1ra. Sala remitió por oficio al Ministerio Público la orden de reincorporación a fin de hacerla cumplir. Sin embargo, hasta la fecha no se cumple por lo que incurriría a un desacato a orden judicial.