NacionalesFallo judicial por accidente vial

Estado deberá indemnizar con G. 900 millones a familia de joven fallecido por un bache

Tribunal de Apelación confirmó la responsabilidad del MOPC por la falta de mantenimiento de la Ruta Acceso Sur, donde un siniestro provocado por el deterioro del pavimento terminó con la muerte de Javier Alexander Yegros Riveros.

11 Julio de 2026
11 Julio de 2026
Bache.
Bache. Foto referencial.

El Estado paraguayo y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) deberán pagar una indemnización de G. 900 millones más intereses a la familia de Javier Alexander Yegros Riveros, luego de que un Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial confirmara la condena por un accidente ocurrido en la Ruta Acceso Sur.

La resolución fue emitida de manera unánime por la Primera Sala del Tribunal de Apelación de la Capital, que ratificó la responsabilidad del Estado por la falta de mantenimiento de la vía que derivó en el fallecimiento del adolescente de 14 años, quien era jugador de la categoría Sub 14 del Club Olimpia.

El accidente ocurrió el 1 de octubre de 2019, en el kilómetro 27,5 de la Ruta Acceso Sur, en la zona de Itá. De acuerdo con los antecedentes del caso, un camión de gran porte cayó en un bache de grandes dimensiones, lo que provocó el desprendimiento de una de sus ruedas delanteras y la pérdida de control del vehículo.

Tras el desperfecto, el camión invadió el carril contrario y chocó frontalmente contra un automóvil en el que viajaba Javier Alexander Yegros Riveros junto con otros jóvenes. El adolescente falleció días después mientras permanecía internado en terapia intensiva.

En el mismo accidente también murió Andrés Reyes Ruiz, conductor de otro vehículo involucrado, y resultaron heridas otras personas.

Los magistrados señalaron que la ruta presentaba condiciones deficientes y consideraron que el deterioro del pavimento representaba un peligro para los usuarios. Además, mencionaron informes técnicos del propio MOPC que advertían sobre el desgaste de la calzada y la necesidad de intervenciones.

La Procuraduría General de la República había argumentado que la responsabilidad recaía en el conductor del camión; sin embargo, el tribunal descartó esa postura y confirmó que el mal estado de la infraestructura vial tuvo incidencia directa en el hecho.

La indemnización establecida contempla G. 860 millones en concepto de daño moral para los padres de la víctima y G. 40 millones por gastos médicos y de sepelio comprobados.

El pedido de reparación económica por "pérdida de chance" relacionado con una posible carrera deportiva del joven fue rechazado por los jueces al considerar que no existían pruebas suficientes sobre ingresos económicos futuros.

Con la confirmación del fallo, queda firme la obligación del Estado de resarcir a la familia por las consecuencias del accidente ocurrido hace casi siete años.

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