Desde el Poder Ejecutivo estiman que, a partir de este año lectivo, se registre una migración de estudiantes de instituciones privadas al sistema educativo público, un escenario que obligará a reajustar la cobertura del programa Hambre Cero. Así lo confirmó el viceministro de Desarrollo Social, Raúl Ramírez, quien aseguró que el plan cuenta con un margen operativo suficiente para responder al incremento sin afectar la prestación del servicio.
Según explicó, el programa ya demostró capacidad de expansión en 2025, cuando alcanzó a más de 1.050.000 alumnos en todo el país. Recordó que, con el mismo presupuesto inicial, se realizaron ajustes internos que permitieron ampliar la cobertura al nivel medio y sumar cerca de 25.000 beneficiarios adicionales.
"El año pasado hemos llegado con recursos propios; con el mismo presupuesto hemos ampliado a bachilleres que no estaba previsto desde un principio. Entonces, con algunos ajustes de recortar en donde no se consumía, incluimos unos 25 mil alumnos más", detalló Ramírez.
En ese sentido, indicó que la planificación para este año contempla una posible migración de entre el 5 % y el 10 % de alumnos del sector privado al público. "Tenemos margen del 5 al 10 % que podría migrar, entonces también tenemos previsto eso para que podamos hacer el servicio de desayuno, almuerzo y merienda", afirmó.
Cabe recordar que en 2025 el programa Hambre Cero llegó a 7.050 instituciones educativas de 263 distritos y generó alrededor de 60.000 empleos directos vinculados a la provisión de alimentos.
Deudas acumuladas
No obstante, el programa vuelve a estar en el centro de la agenda por la deuda acumulada con empresas proveedoras. Desde el sector advierten que los atrasos en los pagos afectan la cadena logística, incluyendo salarios, insumos y a productores, justo a semanas del inicio del año escolar.
Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, aseguró que la cartera cancelará el pasivo pendiente antes del inicio de clases. Reconoció que la deuda bajo administración directa del MDS ronda los G. 250.000 millones y señaló que el Ministerio de Economía se comprometió a realizar transferencias en enero y febrero, por unos G. 100.000 millones cada mes, para regularizar la situación.
Rojas también descartó una eventual suspensión del servicio y afirmó que existe un esquema de pago gradual acordado con las proveedoras, con el objetivo de garantizar la provisión de desayuno, almuerzo y merienda escolar desde el arranque del ciclo lectivo.
