Inseguridad jurídica

Estafaron a 94 familias en Toledo Cañada con venta irregular de tierras

Adquirieron lotes de forma irregular a través de la inmobiliaria informal "Alfa y Omega". Pagaron cuotas durante años sin recibir títulos, y hoy enfrentan amenazas de desalojo y abandono institucional. Denuncian inacción fiscal y piden el reconocimiento como asentamiento legal.
Familias estafadas exigen respuesta de las instituciones. Foto: La Unión AM.

Un total de 94 familias de la comunidad Toledo Cañada, en el distrito de Julián Augusto Saldívar, fueron víctimas de una supuesta estafa inmobiliaria perpetrada por la inmobiliaria informal "Alfa y Omega", que vendió lotes sin contar con fraccionamiento aprobado ni inscripción en Catastro, violando lo dispuesto en la Ley 4682/12, artículo 5.

Las familias firmaron contratos privados sin validez legal, lo que les impide acceder a títulos de propiedad, vender o transferir sus parcelas. Algunos compradores llegaron a pagar más de 60 cuotas mensuales, sin haber recibido hasta hoy ningún documento con validez jurídica. Lejos de cumplir con sus obligaciones, la vendedora —Miriam Giménez— anulaba de forma unilateral los contratos ante cualquier atraso en el pago, y revendía los mismos lotes a terceros, en un esquema repetido de despojo.

En enero de 2024, el Indert denunció a Giménez por hechos punibles contra los bienes patrimoniales del Estado, ya que el terreno en cuestión —unas cuatro hectáreas de uso agrícola— todavía figura a nombre de su padre, y no podía ser comercializado legalmente. Sin embargo, las autoridades judiciales no avanzaron en la causa, y las víctimas acusan a la fiscal Blanca Saracho de inacción deliberada y protección a la denunciada.

Frente a esta situación de indefensión, las familias afectadas exigen el juicio de nulidad del título de propiedad a nombre del padre de Giménez; el reconocimiento como asentados legítimos, tras años de ocupación, trabajo comunitario y mejoras habitacionales; y la titulación real y regularización legal del predio, que les garantice seguridad jurídica y el derecho a una vivienda digna.