NacionalesRegularización masiva de extranjeros
El Consejo de Ministros de España aprobó ayer, martes 27 de enero, la tramitación de un Decreto para la regularización extraordinaria de al menos 800.000 extranjeros que se encuentran viviendo en España sin documentos desde antes de 2026, después de pactar esta medida con el partido izquierdista Podemos.
La regularización masiva de extranjeros en situación irregular pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el grupo de izquierda Podemos cobijará a los inmigrantes que hayan entrado a España antes del 31 de diciembre de 2025. Los beneficiados por la medida, que cobijará también a solicitantes de asilo, obtendrán una residencia legal por un año y, posteriormente, podrán aplicar a una renovación, según la legislación vigente.
"Se espera que las solicitudes se empiecen a presentar a principios del mes de abril y el proceso estará abierto hasta el 30 de junio de 2026", detalló este martes Elma Saiz, ministra de Inclusión, tras el Consejo de Ministros en la Moncloa.
La noticia fue anunciada el lunes por la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, antes de ser confirmada por el gobernante Partido Socialista (PSOE) y finalmente aprobada este martes.
Montero detalló que, tras la firma de la medida por el Ejecutivo, "tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia".
Para probar el tiempo de permanencia en España, los inmigrantes no solo podrán adjuntar un certificado de empadronamiento —documento del que carecen muchas personas que alquilan habitaciones en pisos compartidos— sino también con informes médicos, contratos de servicios públicos o un certificado de envío de remesas.
La admisión a trámite de la solicitud otorgará automáticamente una autorización de residencia y trabajo por un año. Transcurrido ese lapso, los beneficiados podrán tramitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
Además, quedarán suspendidos al acto los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso legal.
La regularización incluye también a los solicitantes de asilo que hayan presentado su solicitud antes de 2026. Esta población se había declarado afectada tras la última reforma migratoria, que no los consideró para la agilización de los plazos.
"Nadie se cruza medio mundo, nadie se juega la vida en una patera si no es para buscarse la vida o para proteger a los suyos", destacó Montero en una rueda de prensa el lunes.
Al tramitarse como un Real Decreto, el Ejecutivo español evita el debate y votación en el Congreso, donde le faltan votos para impulsar medidas en materia migratoria. Una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de migrantes, admitida a trámite en el Congreso en abril de 2024 con más de 700.000 firmas, lleva más de un año y medio bloqueada por las bancadas conservadoras.
España ha ejecutado ocho regularizaciones masivas desde la década de los 80, la última de ellas en 2005, bajo la Administración de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando otro medio millón de inmigrantes lograron normalizar su estatus.
