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Además de los disparos, una granada fue detonada en el lugar, lo que provocó destrozos en ventanas y despertó a los vecinos por el estruendo. La fiscal, que estaba durmiendo al momento del ataque, resultó ilesa, pero el hecho ya es investigado como un atentado directo contra su figura.
Ferrero encabeza la investigación sobre el narcotraficante uruguayo prófugo Sebastián Marset, considerado uno de los capos más peligrosos de la región y con profundas conexiones en Paraguay. Según confirmaron medios uruguayos, el ataque fue ejecutado por dos hombres armados que escaparon tras el atentado. El ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro, se comunicó inmediatamente con la fiscal y luego convocó a una reunión de emergencia con el comando de la Policía Nacional. El propio expresidente Luis Lacalle Pou calificó el hecho como un atentado y subrayó que "en este tema no puede haber diferencias ni dos opiniones", al tiempo que se comunicó con el actual presidente Yamandú Orsi para analizar las repercusiones del ataque.
El episodio ha encendido las alarmas también en Paraguay, donde Marset es investigado por su presunta participación en el asesinato del fiscal Marcelo Pecci y por su papel como articulador de la logística de grandes cargamentos de cocaína que utilizaron el territorio nacional como ruta hacia Europa y África. Su nombre aparece ligado a la megacausa "A Ultranza PY", que reveló una red de lavado de dinero y operadores locales que actuaban como financistas y testaferros del narco.
El atentado contra la fiscal Ferrero no solo expone la capacidad de fuego de las estructuras que protegen a Marset, sino que también refuerza la idea de que el crimen organizado trasciende fronteras y tiene la fuerza para desafiar directamente a las instituciones judiciales. En Paraguay, la lectura es inevitable: si en Uruguay el sistema judicial está siendo blanco de ataques, las instituciones nacionales tampoco están exentas del mismo riesgo.
El hecho ocurrido este domingo vuelve a colocar a Sebastián Marset en el centro de la agenda regional, recordando que su figura sigue siendo una amenaza latente tanto para la seguridad como para la estabilidad institucional. Para Paraguay, la situación reaviva la urgencia de blindar a fiscales, jueces y autoridades que se enfrentan a estas redes, y confirma que el caso Marset continúa siendo uno de los mayores desafíos en la lucha contra el narcotráfico y la impunidad.
