Un abogado denunció una presunta irregularidad en el cumplimiento de una medida judicial en un caso de violencia familiar registrado en la ciudad de Juan E. O'Leary, Departamento de Alto Paraná. Según la acusación, el imputado cumple arresto domiciliario en el domicilio conyugal, lo que obligó a la víctima a dejar su propia vivienda.
El denunciante, Daniel Fernández, sostuvo que el procesado (director de una institución educativa) fue imputado tras una serie de agresiones físicas contra su esposa, una docente. De acuerdo con los antecedentes, los hechos de violencia se habrían repetido durante años, generando un contexto sostenido de maltrato.

La víctima incluso requirió atención médica de urgencia y, según informes, fue sometida a una cirugía neurológica a raíz de los golpes recibidos. Estos elementos fueron incorporados por el Ministerio Público, que solicitó inicialmente la prisión preventiva del acusado.
Sin embargo, el Juzgado Penal de Garantías de Ciudad del Este resolvió otorgar arresto domiciliario al imputado, medida que desató cuestionamientos debido a que se ejecuta en la vivienda que compartía con la denunciante. Esta situación derivó en que la mujer se traslade hasta la ciudad de Capiatá para resguardar su seguridad.
El abogado denunciante también insinuó que el imputado contaría con influencias políticas, lo que habría incidido en la decisión judicial. Este aspecto, no obstante, deberá ser corroborado en el marco de las investigaciones y eventuales revisiones del caso.