NacionalesIRREGULARIDADES EN PENAL LA ESPERANZA
El condenado por el recordado caso de abuso en el Club Centenario, Rodrigo Renault, habría accedido a una celda con privilegios dentro del penal La Esperanza a menos de una semana de su reclusión, según denuncias realizadas por otros internos. El espacio, ubicado en el pabellón D, contaría con comodidades inusuales y una vista directa a la Costanera y al cerro Lambaré.
De acuerdo con las versiones, el recluso habría desembolsado alrededor de G. 30 millones para acceder a dicha celda, además de pagar unos G. 8 millones al anterior ocupante para que abandonara el lugar. Entre las comodidades mencionadas figuran aire acondicionado, televisor y microondas, elementos restringidos dentro del régimen penitenciario ordinario.
Las denuncias también indican la existencia de un supuesto protocolo interno para ocultar estos privilegios ante eventuales controles. En ese contexto, se habría previsto incluso el traslado inmediato del interno en caso de inspecciones sorpresivas, como las que suele realizar la jueza de Ejecución Sandra Noelia Kirchhofer. Según los reportes, los reclusos manejan tiempos estimados de reacción ante la llegada de autoridades.
Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de Justicia sobre estas acusaciones, aunque fuentes del sistema penitenciario no descartan la apertura de una investigación administrativa para verificar la veracidad de los hechos y determinar posibles responsabilidades.
Rodrigo Renault fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por coacción sexual y violación, en un caso que generó amplia repercusión pública. El hecho ocurrió en noviembre de 2012, cuando una adolescente de 15 años fue abusada durante una fiesta de quince años en el Club Centenario.
El proceso judicial se extendió durante varios años. Aunque la condena fue dictada en 2017, quedó firme recién en noviembre de 2021, tras ser confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el ahora recluso contaba con orden de captura desde 2019 y logró evadir a la Justicia durante años, cambiando constantemente de domicilio para evitar su localización.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema penitenciario paraguayo, particularmente en lo relacionado con presuntos privilegios, corrupción interna y desigualdad en las condiciones de reclusión.
