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Los choferes de transporte público anunciaron una huelga para los días 3 y 4 de septiembre, debido a desacuerdos sobre el proyecto de ley que regula la transformación del sector. La medida se produce mientras continúan las conversaciones en la mesa tripartita convocada por el Gobierno para atender las demandas de los trabajadores y evitar la paralización.
La mesa de diálogo, conformada el viernes pasado, reúne a representantes de la Federación Unitaria de Trabajadores del Transporte (FUTT), la Federación de Trabajadores del Transporte (FETRAT) y autoridades del Viceministerio del Transporte y del Ministerio de Trabajo. La primera reunión concluyó con un cuarto intermedio, ya que los planteamientos de los choferes requieren un análisis más profundo dentro de la esfera del Poder Ejecutivo.
El viceministro de Trabajo, César Segovia, destacó que la desconfianza sindical surge por la falta de retroalimentación sobre qué reclamos fueron incorporados al proyecto de ley. Entre los puntos conflictivos citó la cancelación de empresas y el traspaso de trabajadores, así como el artículo 20, que califica el transporte como "servicio imprescindible", lo que podría limitar el derecho a la protesta de los choferes.
Por su parte, el viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández, aseguró que ningún aspecto de la ley irá en contra de los derechos laborales y destacó la apertura al diálogo. «El foco de todo es no perjudicar a la ciudadanía», señaló, subrayando la posibilidad de llegar a un acuerdo a través de la negociación.
Hoy lunes en la tarde se retomarán las conversaciones en la sede del Ministerio de Trabajo, en un esfuerzo por acercar posiciones y lograr que los choferes levanten la medida de fuerza que afectaría a los usuarios del transporte público.
Entre los puntos que más preocupan a los trabajadores, mencionó la falta de claridad sobre el traspaso de empleados cuando una empresa es sustituida, así como el artículo 20 del proyecto que califica el transporte como "servicio imprescindible", lo que temen pueda restringir su derecho a la protesta.
Los gremios plantean tres demandas centrales:
Suspender el tratamiento del proyecto en el Congreso.
Mayor participación sindical en la reforma del transporte.
Un rol más activo en la comisión interinstitucional del sector.
Segovia aclaró que el Ejecutivo no puede frenar el debate legislativo, pero expresó optimismo respecto a la mesa tripartita convocada para esta tarde en el Ministerio de Trabajo. "Esperamos que las partes puedan acercar posiciones y conseguir el levantamiento de la medida de fuerza", afirmó.
