Caso González López expondría nuevas irregularidades dentro del sistema judicial
Un fallo reciente de la Cámara de Apelaciones de Cordillera expone presuntas irregularidades en el sistema judicial paraguayo. El caso involucra a Marco Emmanuel González López, un empresario sin antecedentes policiales, quien hasta hace poco estaba detenido en la cárcel de Emboscada, donde permaneció durante cuatro meses, pese a no existir pruebas sólidas en su contra.
El proceso judicial comenzó cuando González López se presentó voluntariamente para someterse a la investigación en su contra. El mismo recibió la prisión domiciliaria por parte del juez Augusto Acuña, quien había evaluado el caso y concluido que no existían evidencias suficientes para mantenerlo tras las rejas.
"Estuve preso cuatro meses injustamente, sin una sola prueba real en mi contra. Me imputaron por robo agravado, un delito con una expectativa de hasta 15 años de condena... todo basado en evidencias que fueron manipuladas", expresó González al medio La Clave.
La decisión fue respaldada incluso por los fiscales de Crimen Organizado, quienes confirmaron que las nuevas evidencias encontradas debilitaban la sospecha inicial de su implicación en los hechos que se le imputaban.
Reincidencia de la prisión preventiva
Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando la Cámara de Apelaciones, en una decisión que llamó la atención a un sector del ámbito judicial, revocó de manera arbitraria la prisión domiciliaria. En un acto que ha sido calificado por algunos abogados como una manipulación procesal grave, los magistrados Carlos Cabriza Ríos, Segundo Ibarra Benítez y Mirta Granado Martínez ordenaron la reincidencia de la prisión preventiva, argumentando que el Ministerio Público había solicitado dicha medida, cuando en realidad, había sido la defensa del acusado quien presentó tal petición.
Este supuesto "error" procesal, que hasta podría no ser considerado como técnico ni casual, dejaría en evidencia una clara maniobra orquestada con el fin de justificar una decisión que ya aparentemente había sido previamente acordada, sin respetar los principios de legalidad y debido proceso, manifestaron profesionales del derecho.
El caso de González López sería solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. La firma Richford S.A., que estaría vinculada al caso, ha sido señalada de utilizar influencias políticas para obtener resoluciones judiciales a su favor, y de maniobrar sistemáticamente para la persecución del empresario, sin importar los derechos fundamentales de este, según los afectados.
El caso sigue bajo investigación. Están imputados por robo agravado y reducción y con medidas cautelares Marco Emmanuel González López, Álvaro Luis Melgarejo Araújo y Soriano González Ferreira.
Con datos de La Clave