Cañicultores de Troche refuerzan medidas exigiendo culminación del tren de molienda
El reclamo de los cañicultores de Mauricio José Troche (Guairá) ha alcanzado un punto crítico. Hace varios días, los productores iniciaron cierres intermitentes de la ruta PY02, particularmente en el kilómetro 155, en el desvío de Blas Garay entre Coronel Oviedo y Caaguazú, para exigir al Estado que concluya la obra del nuevo tren de molienda en la planta alcoholera estatal de Troche, cuya construcción alcanza un 85% de avance.
El enojo creció cuando Petropar convocó a una reunión en Asunción, propuesta que fue rechazada por los productores, ya que consideran inviable desplazarse hasta la capital bajo costosos traslados. Exigen que las autoridades se trasladen hasta la planta de Troche para establecer una mesa de trabajo concreta. Mientras tanto, los cortes de ruta se mantienen, generando filas de vehículos de varios kilómetros y cierres de hasta una hora y media en ambos sentidos.
La obra adjudicada en 2021 a la empresa Estructura Ingeniería SA (EISA), por valor de aproximadamente G. 198.704 millones, tenía plazos definidos que ya fueron vencidos. Petropar, hasta ahora, ha desembolsado G. 41.815 millones sin que la planta haya procesado ni una sola tonelada de caña dulce. Para subsanar los retrasos, EISA subcontrató a la empresa Ocho A; sin embargo, los problemas persisten y el contrato fue suspendido en resolución oficial (DNCP) cuando el plazo venció en marzo de 2023.
Para los cañicultores, la importancia de finalizar el tren de molienda no es solo económica, sino vital: sus cifras de producción superan ampliamente la capacidad del molino actual, que procesa unas 2.180 toneladas de caña dulce por día. Con el nuevo sistema, estiman que esa capacidad podría aumentar a entre 3.000 y 5.000 toneladas diarias, lo que implicaría más ingresos, empleo y sostenibilidad para muchas familias de la región.
No menos importante es la denuncia de sobrefacturación que emerge desde los productores y desde informes de la Contraloría. Se señalan pagos adelantados y partidas inconclusas por parte de EISA, que al ser auditadas muestran ausencia de evidencias suficientes de que varios ítems del contrato están siendo efectivamente ejecutados.
El Gobierno, por su parte, ha aceptado dialogar, pero los cañicultores advierten que la protesta se mantendrá mientras no haya compromisos claros y verificables. El sector estima que más de 45.000 familias dependen directa o indirectamente de la planta, lo que convierte el conflicto en un asunto de peso social y político.