En el marco del Día Internacional contra el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre, organizaciones dedicadas a la conservación lanzaron una campaña regional de concienciación para frenar el comercio ilícito de especies, una actividad considerada entre las economías criminales más rentables del planeta y que representa una grave amenaza para la biodiversidad.
La iniciativa es impulsada por la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios (ALPZA), que busca alertar tanto a la ciudadanía como a las autoridades sobre la evolución de este delito, cuyo epicentro ya no se limita a mercados clandestinos tradicionales, sino que se ha trasladado con fuerza a las redes sociales y plataformas digitales, donde la comercialización de animales exóticos resulta cada vez más difícil de detectar.
Según datos difundidos por la organización, el tráfico ilegal de fauna silvestre genera entre USD 7.000 y USD 10.000 millones anuales en el mundo. Si se incorporan delitos vinculados como la pesca y la tala ilegales, el volumen económico supera los USD 20.000 millones por año. Además del enorme daño ambiental, esta actividad suele estar vinculada con redes internacionales de narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero.
Las cifras reflejan la magnitud del problema. Se estima que nueve de cada diez animales extraídos de su hábitat natural mueren antes de llegar a su destino final debido a las condiciones de captura y transporte. Entre las especies más afectadas en América Latina figuran aves, reptiles, anfibios y mamíferos, capturados para abastecer el mercado de mascotas exóticas o para el comercio ilegal de pieles, colmillos y otras partes de animales.
En Paraguay, las autoridades ambientales reiteran periódicamente el llamado a denunciar la captura, comercialización y tenencia ilegal de especies silvestres. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) recuerda que muchas de las especies traficadas se encuentran amenazadas y cumplen un papel fundamental para el equilibrio de los ecosistemas nacionales.
La campaña también destaca el papel que desempeñan zoológicos, acuarios y centros de rescate en la rehabilitación de animales decomisados. Estas instituciones no solo brindan atención veterinaria especializada, sino que, cuando las condiciones lo permiten, trabajan en la reinserción de los ejemplares a su ambiente natural bajo estrictos protocolos de conservación.
Más allá de los controles estatales, los impulsores de la iniciativa sostienen que la lucha contra el tráfico de fauna depende en gran medida del comportamiento de los consumidores. La compra de aves, monos, reptiles u otros animales silvestres como mascotas continúa siendo uno de los principales motores de este mercado ilegal, por lo que desalentar esa demanda resulta clave para reducir la presión sobre las poblaciones naturales.
Especialistas advierten que el combate al tráfico de fauna ya no puede limitarse a operativos de decomiso. El crecimiento del comercio electrónico obliga a fortalecer la cooperación entre autoridades ambientales, fuerzas de seguridad, plataformas digitales y organismos internacionales para identificar las redes criminales que operan detrás de estas transacciones. En ese escenario, la educación ambiental y la denuncia ciudadana aparecen como herramientas fundamentales para proteger la biodiversidad y evitar que miles de especies sigan desapareciendo de los ecosistemas latinoamericanos.