La construcción de una autopista urbana elevada de casi cuatro kilómetros, impulsada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y ejecutada por la concesionaria Rutas del Este, genera creciente preocupación en Luque y Areguá.
La concejal luqueña Belén Maldonado denunció que la Junta Municipal no cuenta con el proyecto oficial y que la obra avanza sin aprobación ni estudio de impacto ambiental. "Hasta hoy la Junta Municipal no tiene el proyecto. Lo único que pudimos analizar fue con base en informaciones extraoficiales. Eso me parece muy grave", afirmó.
La edil agregó que la Municipalidad tampoco recibió el expediente y criticó la ausencia del intendente en la audiencia pública convocada para tratar el tema.
Según Maldonado, la autopista se ejecuta mediante una adenda, sin los procesos de licitación ni los estudios técnicos requeridos por ley. "Es llamativo que una obra de casi 200 millones de dólares se impulse por una adenda. No tiene estudio de impacto ambiental ni aprobación de la Junta Municipal", sostuvo.
Asimismo, denunció que ya se iniciaron procesos de expropiación de inmuebles sin garantías legales. "Están entrando a las casas de los luqueños, pidiendo títulos de propiedad, prohibiendo mejoras y ofreciendo dinero. Eso es una imposición, no una consulta", advirtió.
La concejal alertó que el trazado afectaría las vías del tren, poniendo en riesgo la estación ferroviaria, la ciclovía y otros espacios considerados patrimonio histórico. También señaló posibles impactos negativos en la economía y el ambiente.
"La autopista va a desvalorizar terrenos, contaminar el aire y perjudicar la salud de la ciudadanía. Además, afectará a artesanos, locales gastronómicos y comercios que dependen del tránsito urbano", explicó.
Maldonado aclaró que no se opone a la necesidad de vías rápidas, pero insistió en la búsqueda de soluciones menos invasivas. "Queremos alternativas más amigables con el medioambiente. Vías que conecten ciudades sin dañar el patrimonio ni contaminar el entorno", señaló.
Finalmente, reclamó garantías para los luqueños y un proceso transparente. "Queremos que nos den la oportunidad de analizar si esto nos conviene o no. No se puede vivir bajo un viaducto y llamarlo desarrollo", concluyó.
