Violencia impune

Los últimos días han estado marcados por una escalada preocupante de violencia, desde disparos al aire y lesiones causadas por  violencia intrafamiliar, hasta casos atroces de feminicidios. Lo más alarmante no es solo la frecuencia de estos hechos, sino la impunidad que los rodea, evidenciada por la falta de acción fiscal y penal en situaciones que claman justicia.

Disparos al aire: entre la “tradición” y el peligro mortal

El caso del cuñado del diputado Orlando Arévalo, Eduardo González, destaca como un ejemplo flagrante de protección y desinterés fiscal. Pese a denuncias de vecinos del barrio San Isidro de Lambaré por disparos al aire, un acto que constituye un delito según el artículo 203 del Código Penal paraguayo y la Ley de Armas 4036/10, el fiscal José Luis Casaccia interrumpió el procedimiento policial y ordenó la liberación del detenido.

Casaccia, en un comportamiento prepotente y en aparente estado de ebriedad, minimizó la gravedad del acto argumentando que “no hubo homicidio ni lesionados”. Esta postura ignora no solo las consecuencias potencialmente mortales de los disparos al aire, sino también precedentes trágicos como el caso de Paz Valentina, la niña de 3 años que murió en Navidad debido a una bala perdida.

En contraste, el Ministerio del Interior había advertido recientemente sobre las penas de hasta cinco años de cárcel por estos actos. Sin embargo, la actuación de la Fiscalía en este caso sugiere que la aplicación de la ley depende más de los vínculos políticos de los involucrados que de la gravedad del delito.

Feminicidios: la cara más brutal de la violencia

La violencia de género es otro flagelo que sigue cobrando vidas en Paraguay. La madrugada del 25 de diciembre, Lucía Garcete Duarte, madre de seis hijos, fue asesinada brutalmente por su pareja en Hernandarias. Según el relato de uno de sus hijos pequeños, su padre la golpeó con un picacarne frente a ellos. La víctima había sido sometida a episodios previos de violencia, pero nunca radicó una denuncia, una realidad que refleja el miedo y la falta de apoyo institucional que enfrentan muchas mujeres en situaciones similares.

El feminicidio de Lucía no es un caso aislado. Solo en 2024, los reportes de violencia intrafamiliar se dispararon, particularmente durante las festividades, cuando el consumo de alcohol y la falta de control social intensifican los riesgos. Sin embargo, la respuesta del sistema judicial sigue siendo insuficiente, con agresores prófugos o reincidentes que aprovechan la falta de persecución efectiva.

Aumento de la violencia: una tendencia alarmante

El Hospital del Trauma registró numerosos casos de heridos por explosivos y violencia durante las fiestas de fin de año. Al mismo tiempo, el viceministro de Salud, Santiago García, lamentó el aumento de casos de violencia intrafamiliar entre el 24 y el 25 de diciembre. Esta tendencia no solo expone el impacto del consumo desmedido de alcohol, sino también el fracaso de las políticas preventivas y la falta de recursos para atender a las víctimas.

La impunidad: un denominador común

El caso de Eduardo González y la actitud del fiscal José Luis Casaccia no son hechos aislados. Reflejan una cultura de impunidad que se extiende a todos los niveles, desde la violencia doméstica hasta los actos irresponsables como los disparos al aire. El sistema judicial parece operar bajo un doble estándar, donde los vínculos políticos pesan más que las pruebas o la seguridad ciudadana.

Esta realidad también contrasta con casos donde la justicia sí actuó, como la condena al taxista Jorge Prisco Ledesma por la muerte de Paz Valentina. Sin embargo, estos ejemplos son excepciones que resaltan aún más la inacción en otros casos.

Un llamado a la acción

La violencia en todas sus formas no solo pone en riesgo vidas, sino que socava la confianza en las instituciones y perpetúa un ciclo de desamparo y desesperanza. Es necesario un compromiso real por parte del sistema judicial para garantizar que ningún acto violento quede impune, independientemente de quién sea el autor.

El Estado paraguayo tiene una deuda con las víctimas y sus familias. Sin una respuesta contundente, el mensaje que se envía es claro: la violencia no tiene consecuencias si estás en el lado “correcto” del poder.

Es hora de que esta realidad cambie, porque cada disparo al aire, cada golpe y cada vida perdida son recordatorios de que la justicia sigue siendo un privilegio, cuando debería ser un derecho.