Fiscalía anuncia investigación penal al MOPC por no retirar lomadas irregulares

La Fiscalía General del Estado, por resolución, dispuso la apertura de una investigación referente a los obstáculos al tránsito terrestre (lomadas) que estarían ubicadas sin justificación legal en distintos puntos del país y que constituiría un hecho punible tipificado en el art. 216 del Código Penal “intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre”. Por lo tanto, de acuerdo a la autonomía funcional y administrativa institucional, se conformó un equipo de agentes fiscales que estarán coordinados por la fiscal adjunta, Alba Rocío Cantero.

Los agentes fiscales que conforman el equipo son: Aldo Cantero, de la Unidad Penal n.º 7 de Sede 1 de Asunción; Sandra Ledesma Espinoza, de la Unidad Penal n.º 4 de la Fiscalía de Luque; Julio César Ortíz, de la Unidad Penal n.º 2 de la Fiscalía de San Lorenzo y Francisco Martínez Paiva de la Unidad Penal n.º 10 de la Fiscalía de Encarnación.

El Ministerio Público, en su rol de representante ante la sociedad, requirió en su momento al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la verificación de dichos obstáculos de las lomadas y en consecuencia la destrucción y remoción.

Ante la circunstancia, se realizaron reuniones donde se dialogaron sobre la destrucción gradual de las lomadas identificadas, en cumplimiento al requerimiento de la Fiscalía, cuya determinación derivó a la suscripción de un convenio de cooperación el 4 de mayo del 2023.

En este convenio se acordó un Plan de Acción y que debió ser ejecutado en un plazo máximo de 150 días. Esta cláusula -en la fecha- feneció sin intervención alguna por parte de la institución dependiente del Poder Ejecutivo, por lo que amerita que continúe el proceso y la persecución de los hechos de la acción penal pública.

El convenio de cooperación entre el Ministerio Público y el MOPC se registró en mayo pasado. El acuerdo consistió en remover y destruir las lomadas instaladas de forma irregular instaladas en varios puntos de las rutas del país. La firma del acuerdo respondió al interés ciudadano que tiene por finalidad un tránsito más fluido y seguro en las rutas.