Futuro del país: algunas universidades funcionan con cuatro carreras y otras con medida cautelar

Paraguay tiene 54 universidades aprobadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), para operar en el país, de las cuales, esto representa a unas 3035 ofertas académicas, entre carreras terciarias y de postgrado habilitadas por dicha instancia, según resoluciones individuales que se encuentran disponibles de forma pública en su portal digital.

Teniendo en cuenta que estos datos son de acceso directo, desde El Nacional realizamos una inspección sobre la información y llama la atención el caso algunas universidades que funcionan con una oferta académica de cuatro, cinco y hasta seis carreras, como es la polémica Universidad Sudamericana.

Por su parte, la reconocida Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD), funciona desde hace más de un año, es decir, desde el 3 de septiembre del 2022, con el beneficio de una medida cautelar para que sigan funcionando las carreras que presentan supuestas irregularidades en su habilitación según una resolución del Cones.

La misma situación se dio en la Universidad María Serrana, donde siguen funcionando carreras de Medicina, con estas resoluciones judiciales, pese a la delicadeza que requiere la educación de las personas que manejarán la vida humana.

“El concepto de universidad garaje se correspondía con aquellas universidades que empezaron a funcionar en condiciones estructurales muy inferiores a lo que se concebía que tenía que ser una universidad, generalmente empezaron a funcionar en espacios no adecuados para desempeñar su rol, ese es el mote que se le agregó, generalmente con fines de lucro, como negocio, sin embargo, esa situación se ha intentado superado mediante la ley de Educación Superior”, señaló al respecto el doctor en Educación, Jorge García Riart.

A criterio de Riart, en la actualidad, hoy en día tenemos instituciones con muy buenas infraestructuras, pero que la expansión de la oferta académica ya no es nueva, es una cuestión advertida desde la década de los 90, cuando se vio al rubro como un negocio y requirió mayores mecanismos de control. Fue allí cuando se pusieron, como uno de los requisitos, ciertos aspectos estructurales.

“Lo que nosotros tenemos hoy son infraestructuras universitarias, en la mayoría de los casos, desarrolladas o adaptadas solamente a la dimensión de la docencia. En el caso de Medicina, la estructura requiere mucho más que un aula, no se basa solamente en espacios para las clases, sino también para la investigación, extensión y las prácticas. Lo que hoy no es coherente, es tener una oferta universitaria en el área de salud bastante expandida, sin que esté acompañada con un campo de práctica, hospitales universitarios, centros de especialidades médicas, eso hoy está bastante medido desde el Cones para que así sea”, remarcó.

A criterio del experto en educación, no existe un problema de habilitación desmedida, sino que el problema de fondo radica en que las carreras deben desarrollar la dimensión de investigación y la extensión.

“Con respecto a las carreras de Medicina yo por lo menos entiendo que hoy en día son una de las más controladas y supervisadas porque tienen implicancia con la vida de las personas, pero las demás carreras también tienen implicancia en la vida de las personas y en ese sentido creo que la Aneaes amplió su espectro de evaluación, por ejemplo, las humanidades, que es un gran paso”, añadió.

La duda subyace y está manifiesta sobre la legalidad, autenticidad y veracidad de los títulos que otorgan estas universidades sobre la base de un proceso académico que tuvo que haber hecho el estudiante, pero ese título está firmado por la autoridad máxima. “Entonces hay una responsabilidad política, institucional, de autoridad, por ejemplo, del rector que avala que ese estudiante ha hecho un proceso académico (exámenes, asistencia, trabajos, etc., etc.) por el cual se le otorga el título y esto se corresponde con el campo de la autonomía universitaria”, agregó.

“Aquí nosotros tenemos que hablar de la responsabilidad social, básicamente, que consiste en entender que la autonomía académica es un valor que se ofrece a la comunidad como garantía en la formación de un profesional, es decir, la sociedad la que le entrega esa confianza a la universidad para formar profesionales de calidad, en A, B, C, Z disciplina, es decir. Esa confianza tiene relación con el status que la sociedad le da y si hoy empieza a dudar de esa fe, de esa autoridad que le da para formar verdaderos profesionales, esa es la verdadera crisis”, sentenció.

Estamos embargando nuestro futuro social, nuestro futuro como país, nuestro desarrollo”.

Indicó que, por este motivo, la verdadera crisis no es solo del proceso académico, sino de la desconfianza que se tiene sobre la formación de los profesionales. “Hay muchas dudas fundadas, hay desconfianza, tenemos un grave problema social, estamos embargando nuestro futuro social, nuestro futuro como país, nuestro desarrollo. Los organismos de control presentes en la Educación superior tendrían que poner más énfasis en que las universidades desarrollen los mismos esfuerzos que desarrollan en la docencia, lo desarrollen en la investigación y la extensión”, finalizó.