MNP denuncia violación de derechos de personas con uso problemático de drogas

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) solicitó la intervención inmediata del Ministerio Público en un establecimiento de atención a personas con uso problemático de drogas, por situaciones que podrían configurar privación de libertad y maltratos. A partir de una denuncia recibida en el teléfono de turno, el MNP se constituyó en la Asociación Centro Transformando Vidas, en Fernando de la Mora, a fin de evaluar las condiciones en las cuales se encontraban las personas residentes en el local.

Entre los hallazgos figura que, al momento del ingreso, las personas no son inspeccionadas por un profesional médico para exámenes físicos, controles de rutina, detección de patologías o enfermedades temporales o crónicas o condiciones de salud a considerar previamente a un tratamiento de desintoxicación; tampoco se le provee información respecto a la forma de tratamiento o sobre sus derechos estando bajo la responsabilidad del centro de rehabilitación.

El MNP no tuvo a la vista y no pudo verificar la existencia de documentación que respalde el ingreso voluntario y el consentimiento informado del tratamiento a recibir de los usuarios, tampoco ninguna resolución judicial de internación de los mismos. Para el ingreso a un centro de estas características, se necesita su consentimiento verbal y escrito de la persona, o una orden emanada de una autoridad competente, por lo cual el ingreso involuntario, que se funda en la acción de la familia, no revierte legalidad y constituye una privación ilegítima de la libertad.

El establecimiento no cuenta con ninguna habilitación para su funcionamiento, ya sea del Ministerio de Salud Pública o de la Municipalidad. Cabe resaltar la responsabilidad estatal en cuanto a controlar aquellas instituciones que realizan funciones en el campo de la salud.

Los usuarios entrevistados manifestaron que el trato recibido por parte de los responsables del centro es represiva, violenta; en algunos casos reciben agresiones físicas, las que van desde golpes, encierro y esposado de 1 a 3 días, hasta la utilización de “terapias de ducha fría”. Igualmente señalaron permanentes amenazas de ingreso al Hospital Psiquiátrico o conseguir una orden judicial para que sigan dentro del centro de forma involuntaria.

Este tipo de prácticas se han realizado anteriormente en otros establecimientos dirigidos por la misma propietaria, Natalia Barrios, denunciados por el MNP ante el Ministerio Público. En este sentido se señala que la situación cobra gravedad cuando la responsable refiere que el centro se encuentra clausurado, pero aun así sigue funcionando.

El funcionamiento de un establecimiento sin la debida habilitación, que medica sin contar con profesionales de salud, que ingresa personas para tratamiento sin su consentimiento y ofrece un trato inhumano, vulnera los derechos humanos y no puede seguir abierto al margen de la ley.