Denuncian ataque de “pistoleros” contra familias campesinas de Canindeyú

Unas 70 familias campesinas que ocupan poco más de 150 hectáreas de Agro Investment S.A., en el distrito de Maracaná, Departamento de Canindeyú, denunciaron que fueron agredidas con disparos de grueso calibre el miércoles al mediodía por una banda de hombres armados contratados por la empresa.

Según señaló a El Nacional, Ramón Medina, de la Asociación de Productores Joajú, “se trata de un caso de lucha por la tierra; esta es una ocupación que tiene más de un año y está en litigio en el INDERT (Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra), donde se tramita un expediente”.

Medina relató que “ayer a la mañana (por el miércoles) un grupo de personas, civiles armados, fuertemente armados, comenzaron a instalarse en el lugar; la gente se dio cuenta de eso, salió a protestar frente a la Municipalidad de Maracaná exigiendo la mediación del intendente, y cuando volvieron se produce el tiroteo de parte del grupo de matones”. El dirigente campesino señaló que “cuatro compañeros resultaron heridos en el ataque, uno de los más graves fue Ramón Vera, que le destruyeron prácticamente el brazo”. Las fotos del brazo de Vera circulaban ayer en las redes sociales con la advertencia sobre lo fuerte de las imágenes. Medina especula que al campesino le dispararon con un “fusil ametralladora”.

El dirigente de Joajú negó que las familias campesinas hayan comenzado el tiroteo, como señala el parte policial de la Comisaría 12, de Maracaná, argumentando que las familias son agricultores y no poseen armas de fuego. Afirmó que tampoco es cierto que los atacantes pertenezcan a la empresa de seguridad privada de Agro Investment, ya que “los guardias privados tienen revólveres y escopeta 12, pero aquí hubo armas sofisticadas, armas de guerra”.

Medina relató que al cabo del tiroteo llegó al asentamiento una comitiva del Ministerio Público encabezada por el fiscal Lucrecio Cabrera, pero “cuando supieron de la venida de la policía y la fiscalía los hombres armados se retiraron del lugar, para luego volver y seguir amenazando a la gente cuando se retiraron los policías y el fiscal”.

“Nuestra preocupación es que tanto la Fiscalía como la Policía actúan en connivencia con los latifundistas, los sojeros; dan la espalda a los campesinos y le dan cobertura a los matones a sueldo de los dueños de las estancias”, dijo Medina.

“Hay una confabulación entre las fuerzas públicas y estas personas contratadas por sojeros, latifundistas; todo el mundo sabe que en las estancias hay personas armadas con armas de grueso calibre”, aseguró.

Como en Loma Piroy

El episodio remite a lo sucedido hace varias semanas en la comunidad indígena de Loma Piroy, en Caaguazú, que también fue atacada a balazos y con picanas eléctricas por una banda de hombres armados al servicio del empresario que se arroga la propiedad de una tierra que las familias Mby´a Guaraní que la habitan reclaman como territorio ancestral.

En la ocasión, también hubo intervención policial y fiscal, pero en ningún caso el Ministerio Público procedió a desarmar a los civiles que, tranquilamente, montaron un retén a pocos metros de donde se encontraban las familias indígenas.

Para el sábado próximo, la asociación de Medina y otras organizaciones campesinas convocan a una amplia reunión en la plaza frente a la Municipalidad de Yasy Kañy, para “articular la unidad de acción frente a este tipo de hechos que son preocupantes y donde estamos abandonados por el Estado”.