CIDH urge a Perú tomar medidas por esterilizaciones forzadas

En el Gobierno de Alberto Fujimori se realizaron esterilizaciones a más de 200.000 personas, la mayoría indígenas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó este martes (12.12.2023) al Estado de Perú a tomar “medidas urgentes” para las víctimas que sufrieron esterilizaciones forzadas durante el Gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-200).

“La CIDH urge al Estado adoptar medidas urgentes que garanticen el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas en los casos de esterilización forzada y otras violencias contra las mujeres”, indicó el organismo en la red social X (antes Twitter).

Añadió que ha tomado nota de la sala de la Corte Suprema de Justicia que anuló el auto de apertura de instrucción contra Fujimori y otras autoridades “por las esterilizaciones forzadas contra mujeres cometidas en contexto de graves violaciones de derechos humanos”.

“Preocupa los efectos en la celeridad, debida diligencia reforzada que se debe observar en casos de violencia de género y acceso a la justicia de las víctimas”, señaló la entidad.

El caso de las esterilizaciones forzadas

Durante el segundo periodo de Gobierno de Fujimori, entre 1995 y 2000, el Ejecutivo peruano implementó su Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva, que realizó esterilizaciones a más de 200.000 personas, la mayoría quechuahablantes, de comunidades vulnerables y campesinas.

Este caso ha sido abierto y archivado varias veces en Perú desde que se denunciaron los hechos y han incluido, además de a Fujimori, entre los responsables a los entonces ministros de Salud por haber dado presuntamente instrucciones para la ejecución de ese programa, con incentivos para el personal médico que participó.

La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia rechazó un pedido para ampliar la denuncia por el caso de esterilizaciones forzadas, y declaró nulo el proceso que comenzó en 2021 y lo regresó a la etapa de octubre 2018.

La petición fiscal incluía más información y más víctimas que sufrieron estas intervenciones, por lo que el retroceso a esta ampliación generó el rechazo por parte de organizaciones sociales.

Fuente: DW.