Feminicidios en Cuba: activistas denuncian “un crimen de Estado”

Leidy Bacallao era -y ya siempre será- una adolescente de 17 años. Una nota del Ministerio del Interior informó en medios oficialistas cubanos del “lamentable hecho” en el que Leidy perdió la vida el pasado 4 de febrero, en un pueblo de Camagüey: su agresor, un hombre de 50 años identificado como “su expareja”, la “ultimó con el empleo de armas blancas”.

La noticia causó especial indignación en redes sociales y medios independientes cubanos. No solo porque todo indica que la relación con su agresor, con antecedentes de violencia machista, inició cuando Leidy tenía 13 o 14 años. Sino, además, porque Leidy fue asesinada en la estación de Policía en la que buscó auxilio, frente a agentes que debían protegerla.

Y también porque Leidy sufrió el tercer feminicidio de que se tuvo noticia en Cuba en esa semana. Uno de al menos 11 registrados por varios observatorios independientes en lo que va de 2023 (a razón de uno cada cuarto día). “Nos están matando”, alertaron una quincena de organizaciones, al lanzar su Tercer Llamado en Cuba por el Estado de Emergencia por Violencia de Género.

Prevención estatal, “en papeles”

“Lo primero que se tiene que reconocer es que existen los feminicidios”, dice a DW la gestora cultural Laura Vargas, activista feminista y por los derechos LGBTIQA+. Pero Cuba no es parte de la veintena de países latinoamericanos y caribeños que tipifican el “feminicidio” o “femicidio” como delito específico en sus códigos penales. Aunque acaba de incluir -en diciembre de 2022- la violencia de género como agravante de cualquier delito, que puede sumar un tercio más de la condena máxima prevista para castigarlo.

Además, según un nuevo Código de las Familias, a las personas con conductas violentas probadas se les limitará la comunicación con sus hijos, no podrán adoptar, y pueden perder bienes en caso de divorcio o viudez. Pero, hasta septiembre de 2022, “teníamos un código de 1975, que permitía el matrimonio infantil”, recuerda Vargas.

“Hay un gran porcentaje de parejas donde la pedofilia está presente y es normalizada por la familia y la sociedad”, señala. Sin embargo, la aplicación de un Programa de educación integral en sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos -aprobado en 2021- quedó indefinidamente aplazada por la crisis económica y la pandemia de coronavirus: “hasta tanto estén creadas las condiciones necesarias”, se lee en la web del Ministerio de Educación.

En 2021 se aprobó también un Plan para el Adelanto de la Mujer y, acto seguido, una Estrategia Integral Contra la Violencia de Género. “Están muy bien redactados y plantean muy buenas medidas, pero han quedado solamente en papeles”, asegura a DW la periodista y activista Kianay Anandra Pérez, colaboradora de la revista feminista Alas Tensas.

Tampoco hay información sobre el anunciado eje de violencia de género del decreto presidencial 198/2021, ha reclamado en Facebook la psicóloga, investigadora social y activista feminista Ailynn Torres. O sobre las 165 consejerías que se dijo que abrieron para atender a mujeres en situación de violencia. Mientras, en las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia, de la oficialista Federación de Mujeres Cubanas (FMC), se atendió a la “pírrica” cifra 1.200 personas en 2020, agregaba.

Como si eso fuera poco, varias activistas confirman que la línea telefónica estatal de denuncias por violencia de género, la 103 -compartida para la atención a adicciones y salud mental-, no estuvo activa ni un año. Al mismo tiempo, muchos de los agresores tienen antecedentes de violencia, pero persisten problemas en el cumplimiento de las órdenes de alejamiento y la recepción de denuncias, y no hay estrategias para la reinserción de estas personas, insisten.

Activismo independiente, “criminalizado”

Una Encuesta Nacional de Género de 2016 -dada a conocer en 2019- contiene aún los únicos datos oficiales de referencia: unas 50 mujeres fueron asesinadas ese año por sus parejas o exparejas (una por semana, casi una por cada 100.000). Y esa cifra no incluye feminicidios cometidos por otros familiares, convivientes, conocidos o desconocidos.

Por eso, iniciativas ciudadanas como la plataforma de acompañamiento legal y psicológico YoSíTeCreo en Cuba, la revista Alas Tensas y la Red Femenina de Cuba han creado sus propios observatorios. Desde 2019, verifican -en todo el país- alertas de feminicidios publicadas sobre todo en redes sociales. “No podemos afirmar que haya un incremento, pero sí que se está visibilizando más, se está denunciando más”, aunque las cifras siguen siendo un subregistro, advierte Vargas.

Sin embargo, este activismo, como cualquier activismo independiente del Estado en Cuba hoy, es “criminalizado, desacreditado por el propio Estado”, denuncian Vargas, Pérez y otras consultadas por DW sobre el tema en el último lustro. En lugar de colaboración estatal, las activistas reciben constantes citaciones y amenazas de la Seguridad del Estado. Se las presenta como enemigas públicas en televisión nacional.

La académica feminista Ailynn Torres ha llamado en redes sociales a “traducir la rabia política en demanda de fondo”. Sin embargo, la demanda fundamental está planteada y la disposición del Estado a escucharla es poca. La solicitud de una Ley Integral Contra la Violencia de Género fue formalmente presentada al Parlamento cubano por un grupo de activistas en 2019. Sin éxito.

Una ley así contemplaría, por ejemplo, la creación de refugios para las víctimas y sus hijos, protocolos específicos y tribunales especializados para manejar sus casos, la capacitación continua de “todas las instancias por las que pasa una mujer antes de llegar al feminicidio”, así como el registro y publicación de estadísticas oficiales. Pero “la respuesta que nos dieron fue que hasta 2028 no formaría parte del cronograma legislativo”, lamenta Pérez. Y “2028 está muy lejos”, protestan las activistas en redes.

“No es un extremo llamarle ‘Estado feminicida'”

“Lejos de ser un crimen ‘accidental’ o ‘pasional’, como muchísimas personas consideran, yo lo veo como un crimen de Estado”, sentencia Pérez. “En cualquier momento que yo denuncie algo, a mí me está acosando enseguida la Seguridad del Estado. Y eso es ocultar lo que está pasando. El silencio y la criminalización son cómplices”, coincide Vargas.

“Esto no es cuestión de ideología, a las víctimas no las matan por comunistas, a los victimarios no les paga ningún enemigo político del socialismo. Mientras los feminicidios sean una figura legal ilegítima, mientras el Gobierno trate a la sociedad civil que intenta hacer (algo) al respecto como mercenaria, mientras el Estado no tome acción directa, educativa, preventiva y real sobre el asunto, será cómplice”, subraya en Facebook la socióloga Lisbeth Moya González.

“No es un extremo llamarle ‘Estado feminicida’, porque hoy lo es. En las manos de quienes administran las leyes con tanta severidad está ser proactivos. Muchos artículos tiene el Código Penal referentes a delitos contra la Seguridad del Estado y ni uno habla de feminicidios”, advierte Moya. Y mientras la publicación de estas denuncias siga conduciendo a citaciones a Vargas, Pérez y otras activistas en la isla, una y otra vez, los agentes de la Seguridad del Estado -negándolas- les darán la razón.

Fuente: DW.