Estas son las nueve preguntas que el gobierno de Ecuador quiere someter a consulta popular

La Corte Constitucional analiza las últimas tres presentadas por el Ejecutivo.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha presentado tres nuevas propuestas de preguntas a la Corte Constitucional para la convocatoria de referéndum que se prepara en el país. Estas nuevas preguntas se suman a las ocho anteriores ya presentadas ante el órgano de control constitucional. De estas primeras preguntas, solo seis fueron calificadas, las otras dos fueron rechazadas por los jueces.

Si el órgano de justicia constitucional aprueba estas nuevas preguntas, estas se añadirán a las otras seis que esperan la convocatoria que deberá ser ordenada por decreto presidencial e instrumentada por el Consejo Nacional Electoral. Es decir que la Consulta Popular tendría un total de nueve preguntas.

Según el procedimiento, la Corte tiene 20 días para pronunciarse sobre la idoneidad de los textos presentados. El ministro del interior, Francisco Jiménez, presentó personalmente las tres nuevas preguntas que el Ejecutivo pretende llevar a las urnas. Estas son:

¿Está usted de acuerdo con destinar los valores comisados de las infracciones de lavado de activos, terrorismo y su financiación, trata de personas, tráfico de migrantes y delitos relacionados con sustancias sujetas a fiscalización a programas de educación con énfasis en niñez y adolescencia?

¿Está de acuerdo en tipificar el delito de extorsión por delincuencia organizada, para que se sancione con pena privativa de libertad de 7 a diez años a quienes obligan a efectuar negocios con intimidación por pertenecer a un grupo de delincuencia organizada?

¿Está de acuerdo con brindar una deducción adicional del 100% en el cálculo de la base imponible del impuesto a la Renta para quienes emplean a personas de 45 años o más?

Tras presentar la solicitud de revisión de las preguntas, el secretario de la cartera de interior dijo a los medios de comunicación que “de las tres preguntas, dos tienen que ver con seguridad. La una para regular el destino de los bienes decomisados en actividades ilegales y sobre todo del crimen organizado. Y la otra que también tiene que ver con seguridad, para calificar y tipificar el delito de extorsión en el esquema del crimen organizado, es decir, lo que comúnmente se conoce como la ley antivacunas. Esa es la tipificación del delito que vamos a crear”. Y prosiguió, “la tercera es un incentivo tributario para las personas mayores a los 45 años, es decir, para estimular la contratación de las personas de más de 45 años y que, en función de esa contratación, (quienes las contraten) reciban un estímulo tributario en sus exenciones de los impuestos a la renta”.

El presidente Guillermo Lasso aseguró en su cuenta de Twitter que “esta consulta es de los ciudadanos no de los políticos, por eso hemos escuchado sus requerimientos y enviamos 3 nuevas preguntas a la Corte Constitucional. Estas estarán enfocadas en fortalecer la seguridad y fomentar el empleo para los ciudadanos”.

Las preguntas que fueron calificadas

Una de las preguntas se refiere a permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. Actualmente la Constitución prohíbe la extradición de ecuatorianos, sin tomar en cuenta el tipo de delito que hayan cometido. La administración de Lasso considera que debería permitirse la extradicción de narcocriminales para que puedan ser juzgados en los países donde hayan cometido delitos, con penas más severas.

La segunda pregunta busca garantizar la autonomía de la Fiscalía en la selección, evaluación y sanción de sus funcionarios. En Ecuador, el Consejo de la Judicatura tiene la potestad de seleccionar, evaluar, ascender, capacitar y sancionar a los fiscales. Aunque la Fiscalía se ha pronunció a favor de que la institución gane autonomía, considera que al crearse un nuevo comité se atentaría contra la intención de que la autonomía se maneje de manera global.

La tercera propuesta de Lasso es reducir el número de legisladores. Por el momento, la Asamblea Nacional cuenta con 137 asambleístas. Esto depende del número de habitantes del país, por lo que se espera que después del censo de este año la cantidad de legisladores incremente a 152. El gobierno asegura que el congreso podría trabajar con 100 diputados que se elegirían a través de los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior.

Otra de las preguntas que fue calificada por la Corte Constitucional se refiere a exigir que los movimientos políticos tengan número mínimo de afiliados. En Ecuador hay 272 movimientos políticos, varios de estos han sido acusados por afiliación fraudulenta de militantes o alquiler de partidos y cobro por candidaturas. El Ejecutivo plantea que los movimientos tengan un mínimo de militantes equivalente al 1.5% del padrón electoral de su jurisdicción y que posean un registro de sus miembros que sea auditado por el Consejo Nacional Electoral.

Incorporar un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas fue la quinta pregunta aprobada por los jueces constitucionales. El objetivo del gobierno, según ha manifestado el presidente, es proteger el agua: “La consulta es de todos y eso debe incluir a nuestra madre naturaleza”, aseguró. Sobre todo refiriéndose a las sequías y a los incendios forestales.

La sexta pregunta de la consulta que ya fue calificada por la Corte Constitucional se refiere a que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades reciban compensaciones por generar servicios ambientales. El Estado “regulará su producción, prestación, uso y aprovechamiento” y “definirá los lineamientos y mecanismos de compensaciones que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades reciban por su apoyo a la generación de los mismos”.

Las preguntas rechazadas

Las dos preguntas que no pasaron el control constitucional se referían a permitir el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para combatir el crimen organizado y a eliminar la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar autoridades de control, delegando nuevamente esa atribución al congreso.

El ministro Jiménez también aseguró que el Gobierno no abandonará la reforma de las Fuerzas Armadas para que estas se adapten al trabajo de contención de la seguridad interna, por lo que irán a la Asamblea Nacional a buscar apoyo para impulsar esta iniciativa.

El presidente Lasso propuso reformar la constitución a través de un referéndum para modificar la disposición que regula las atribuciones de las Fuerzas Armadas y agregar a estas una que faculte la participación en la lucha en contra el crimen, actividades que actualmente son exclusivas de la Policía Nacional.

Según la propuesta de Lasso, el Ejercito podría intervenir en asuntos de contención del crimen previa solicitud motivada de la Policía Nacional, y por orden del presidente de la República del Ecuador que facultaría un apoyo de tipo complementario, excepcional y regulado.

Pero la Corte Constitucional consideró que el trámite adecuado para esta reforma es a través de la Asamblea y devolvió la solicitud. Eso significa que habrá un año entre los dos debates previstos en la ley de la función legislativa antes de que el texto que se propone sea confirmado o rechazado en las urnas.

Fuente: Infobae.