OEA pide a Bolivia liberar a todos los detenidos

La Secretaría General de la OEA señaló que ha tomado “debida nota” de las preocupaciones expresadas por diversas instancias internacionales y manifestó su inquietud “ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de Gobierno”.

El organismo, con sede en Washington, se pronunció después de que una jueza decidiera enviar a prisión por cuatro meses, como medida preventiva, a la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez y a los exministros transitorios de Justicia Álvaro Coímbra y de Energía Rodrigo Guzmán. Áñez fue trasladada este lunes al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, donde debe cumplir detención preventiva, mientras se lleva a cabo la investigación por el caso “golpe de Estado”.

Según la OEA, “en los últimos meses se ha constatado la cancelación o sobreseimiento de diferentes juicios contra partidarios del MAS (Movimiento al Socialismo), así como amenazas de persecución judicial a políticos opositores al Gobierno”.

¿Cancelación de juicios a unos, apertura a otros?

“Lamentablemente -continuó-, esas amenazas se han concretado en muchos casos”. La OEA subrayó que “el sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo, de imparcialidad y de debido proceso, por problemas de estructura y, en particular, de su integración”.

En ese sentido, indicó que la Carta Democrática Interamericana, “en su artículo 3, define como elemento esencial de la democracia representativa la separación e independencia de los poderes públicos”.

OEA propone “comisión internacional” para investigar casos desde Morales hasta hoy

Entre las posibles opciones para solucionar la situación, la OEA exigió formar una “comisión internacional para la investigación de casos de corrupción desde el último período de Gobierno del expresidente Evo Morales hasta la actualidad”, incluyendo la Administración de transición de Áñez.

Dicha instancia podría crearse amparada por el sistema de las Naciones Unidas o de la propia OEA, indicó la Secretaría General.

También propuso remitir las denuncias sobre eventuales crímenes de lesa humanidad a la Corte Penal Internacional (CPI) para que el enjuiciamiento sea “imparcial y atienda a variables objetivas de responsabilidad”; y que se reforme el sistema judicial de Bolivia a través de un diálogo de todos los actores políticos, académicos y sociales, y de la cooperación internacional. “La reforma de la Justicia es imprescindible para transformarla legítimamente en un poder del Estado independiente”, agregó la OEA.

Asimismo, solicitó tener en cuenta “la existencia de variables de persecución política” en ese país, como las denunciadas por el Instituto CASLA, con sede en Praga y cuya directora ejecutiva es la abogada venezolana Tamara Sujú.

El domingo tras una audiencia de más de nueve horas una juez determinó la detención preventiva por el caso “golpe de Estado” para Áñez y sus exministros, al ver riesgo de fuga. Sobre ellos pesan acusaciones por “terrorismo, sedición y conspiración” por la crisis política y social que atravesó Bolivia en 2019 y que derivó en la salida del poder de Morales.