Reducir horas laborales requiere amplio consenso
Se retomó estos días el debate en torno a un proyecto de ley que prevé reducir la carga horaria laboral semanal de 48 a 40 horas. Su proyectista, el senador José Oviedo, argumenta que este sistema ya se utiliza en un 70% de los países del mundo. Así también señala la necesidad de equiparar la carga laboral del sector privado -que en muchos casos supera las 48 horas semanales- con la del sector público, donde los funcionarios trabajan entre 30 y 35 horas por semana.
A pesar del respaldo internacional que tiene esta medida, diversos sectores empresariales en nuestro país manifestaron su desacuerdo.
En efecto, muchos países ya adoptaron una semana laboral de 40 horas. En Europa y el norte de Asia, esta modalidad es común: la adaptaron, por ejemplo, Austria, Canadá, Estonia, Eslovenia, España, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca y Suecia.
En América Latina, Ecuador es el pionero en fijar las 40 horas semanales de trabajo, mientras que Chile y otros están avanzando hacia su adopción gradual, como México, Colombia, Brasil, Uruguay y El Salvador, con el objetivo de llegar a 40 horas semanales.
Los defensores de la propuesta aseguran que la reducción horaria no solo beneficiaría a los trabajadores, sino también a las empresas. Para los primeros, significaría más tiempo libre para dedicar a la vida personal, familiar o recreativa, además de mejorar la salud, el bienestar y reducir el estrés. Para las empresas, se plantea que un mayor descanso podría derivar en más productividad, menor rotación de personal, mayor compromiso por parte de los empleados, y mayores oportunidades de capacitación y actualización de conocimientos.
Sin embargo, estas ventajas aún no están plenamente comprobadas. Las críticas se centran en que, para cubrir la misma carga de trabajo con menos horas, muchas empresas podrían verse obligadas a contratar más personal o pagar horas extras, lo que incrementaría los costos operativos.
En el contexto paraguayo, esta propuesta también pone en evidencia otras problemáticas estructurales del mundo laboral. Persisten situaciones como las largas jornadas no remuneradas, la falta de cobertura del seguro social y médico, la ausencia de permisos de maternidad y paternidad conforme a la ley, y el incumplimiento del salario mínimo legal. Todo esto se agrava por los altos niveles de informalidad laboral.
Más allá de este debate, el proyecto también expone una realidad más cruda: la situación estructural de precariedad en la que se encuentra buena parte de la clase trabajadora paraguaya. Largas jornadas no remuneradas, falta de cobertura médica y de seguro social, ausencia de permisos laborales conforme a la ley, incumplimiento del salario mínimo y altísimos niveles de informalidad son problemas que preceden cualquier intento de reforma.
Antes de regular aún más el empleo, se lo debe formalizar. Y por ende, ampliar el universo de empleos formales y legales debe ser una prioridad de política pública. Discutir la reducción de la jornada laboral es relevante, pero lo es aún más garantizar que quienes trabajan estén registrados, protegidos por la ley y accedan a todos los derechos laborales vigentes.
Por tanto, aunque la reducción de la jornada laboral podría representar un avance tanto para empleadores como para trabajadores, es fundamental que cualquier reforma parta del cumplimiento efectivo de las leyes ya existentes. Combatir la informalidad y garantizar condiciones laborales dignas deben ser prioridades, antes de plantear nuevas normativas que podrían quedar en letra muerta si no se crean mecanismos reales para su implementación y analizar profundamente si será peor el remedio que la enfermedad.