Los cupos políticos y la creación de feudos
La política interviene e irrumpe en la vida ciudadana —de eso se trata— al trascender el ámbito personal y privado para incidir en lo público. Su objetivo fundamental debe ser la búsqueda de soluciones y propuestas que mejoren la calidad de vida de la población a la que se representa. Esa representación, a su vez, exige ser ejercida con responsabilidad, ética, idoneidad y solvencia intelectual.
La política es violenta, es arbitraria, modifica nuestras vidas, hábitos, horarios, cargas tributarias sin aviso previo. Por lo que la formación del político debe cumplir procesos largos de formación, tanto en lo intelectual, en lo pragmático-operativo, logrando un nivel de conciencia ética, proceso previo al inicio de funciones del político, mal puede ponerse a estudiar estando en funciones -es como pretender enseñar a nadar a quien se está ahogando. El político en funciones sigue una doctrina, valores y prácticas que ya adquirió previamente al inicio del ejercicio del cargo o funciones y en otros casos los va adquiriendo por el camino. Es siempre importante conocer qué escuela e impronta influyen en sus decisiones.
Pensadores como Max Weber nos legan una profunda reflexión sobre la naturaleza de la autoridad y los valores que determinan sus decisiones. En su clásica tipología, distingue entre la autoridad legal-racional —sostenida en normas impersonales, cargos y procedimientos meritocráticos— o un ejercicio del poder como servicio; y a la autoridad patrimonialista, donde el poder se ejerce como si fuese un dominio privado, colocando allegados en posiciones estratégicas para mantener el control personal, construyendo poder para uno o sectores, distorsionando y corrompiendo al ideal de poder para servir y todo contrato social. Weber nos
enseña que la corrupción no es un desvío fortuito, sino una lógica estructural cuando prevalece el segundo tipo.
El reciente episodio en el Senado ilustra con meridiana claridad esta distorsión, siendo un claro ejemplo del estilo y principios que rigen parte de nuestra política nacional. El senador Silvio "Beto" Ovelar, tomó represalia contra la ministra de Salud, María Teresa Barán, tras negarle cargos en hospitales -en particular el Gran Hospital de Coronel Oviedo- para sus allegados y operadores políticos. Esto provocó que -la ministra de Salud Pública del Paraguay- sea convocada por la Comisión de la Cámara Alta para responder por varios cuestionamientos en su gestión y no fue desaprovechada por el parlamentario para tratarla de "inepta e ineficiente".
Esta interpelación de un senador de la nación -Ovelar- no se trataba de un reclamo u observación institucional, sino un reclamo con base en un intercambio tácito: "te doy luz verde si accedes a mis solicitudes de espacio e intereses". Ese mecanismo evidencia una concepción del Estado como feudo político, distanciándose de toda concepción de reconocimiento en el estado como entidad que da forma a una mejor vida comunitaria y de servicio público.
Weber describiría esta práctica como un ejemplo perfecto de clientelismo patrimonialista: el uso del Estado para recompensar la fidelidad de círculos y entornos personales, desplazando la lógica de la ley, el mérito y la búsqueda del bien común. Y ello no solo ocurre a nivel simbólico: el cuestionamiento a la Ministra Barán, viene tras una ola de muertes en neonatología en hospitales públicos y una interpelación por inauguraciones antes de estar operativas. Pero la exigencia de cargos busca consolidar sectores, o poder político, local y regional; cuando debería buscar mejorar la gestión sanitaria aliviando las necesidades de la salud pública.
Este comportamiento está lejos de ser aislado. El Senador Ovelar - entre otros - ha realizado dichas prácticas año tras año. Basta con recordar cuando la exministra de Educación del gobierno de Horacio Cartes, Marta Lafuente, lo denunció por violencia tras negarse a cederle cargos políticos en la supervisión del Ministerio de Educación en Caaguazú.
El legislador también ubicó a varios familiares —desde hermanos hasta su propio hijo— en cargos públicos, dentro de una red sistémica que ha sido denunciada por nepotismo y tráfico de influencias. Ha reconocido abiertamente su injerencia: "Nosotros cumplimos con los amigos en todos los otros lugares". En el fondo, el discurso patrimonialista no gira en torno a la utilidad pública, sino a quién pertenece al círculo de poder buscando conservarlo, elección tras elección.
El contraste entre la autoridad legal-racional y el patrimonialismo es más que académico: es la línea divisoria entre un Estado funcional y uno capturado o cooptado por facciones. El ideal político exige que los cargos sean cubiertos por competencia y procesos transparentes, no por afinidades políticas o demandas desde el poder. En Paraguay, fenómeno recurrente como el nepotismo en el Legislativo -en este caso ejemplifica al modelo patrimonial resiste y goza de buena salud.
Se evidencia la lógica weberiana de un Estado fragmentado en pequeños feudos, aproximándonos a la destrucción de la visión de una entidad a la que resignamos libertad y derechos en la esperanza de tener una mejor y más llevadera vida comunitaria. Sin embargo,
este caso es solo uno de muchos que se registran a diario y que no son conocidos tanto por colorados como por liberales y dirigentes de otros sectores, lamentablemente se constituyó en escuela y doctrina política en el actual escenario público.
La exigencia pública de cargos al Ministerio de Salud resume la raíz estructural de la corrupción en Paraguay. No es un simple desliz individual, sino la expresión de un sistema que separa poder y derecho, y degrada las posibilidades de un servicio público eficiente y justo. La pregunta crucial es si las instituciones tienen la fuerza y la independencia para reconducir la autoridad al marco legal-racional. Abordar la corrupción implica reforzar el Estado y a las instituciones a través de normas, contrapesos y cultura de transparencia: concursos públicos reales, control ciudadano y por sobre todo de fuertes sanciones a quienes incurran en dichas prácticas.
Este episodio es una oportunidad para repensar el pacto entre poder y derecho. Weber nos advierte: cuando política y lealtad personal reemplazan a norma e imparcialidad, se instala la corrupción estructural. El reto de Paraguay es reconquistar la autoridad legal-racional, devolviendo la legitimidad a la existencia del Estado, renovando el contrato social y ofreciendo a nuestros conciudadanos soluciones reales a la ya difícil tarea que conlleva la vida en comunidad en nuestros días.