El decreto no los detendrá
Hoy el mundo es mucho más pequeño de lo que parece: las personas, los bienes y los capitales que un día amanecen en un lugar, al siguiente pueden hacerlo en la otra mitad del planeta. Este fenómeno ha sido extremadamente positivo para la mayor parte de las actividades humanas, pero, como toda acción del hombre, también tiene su lado oscuro. Las mismas redes criminales pueden extender su sombra y actuar en cualquier rincón del mundo: la cocaína que se produce en Colombia puede pasar por una pista clandestina en Amambay para terminar en las calles de Madrid, Ámsterdam o alguna otra capital, y el dinero obtenido puede ser invertido en otro hemisferio.
Las organizaciones criminales brasileñas acaban de llenar de pólvora el aire de Río de Janeiro y teñir de rojo sus calles. Vivimos en una isla rodeada de tierra, pero hace tiempo que existen puentes: para lo bueno y para lo malo.
Ya no es posible mirar desde la distancia el conflicto en Brasil. El Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) no son monstruos lejanos encerrados en sus territorios. Las penitenciarías, las favelas, las rutas y las ciudades están entre nosotros y van cobrando una peligrosa fuerza y presencia. Basta recordar el asalto de 2018 a una empresa de caudales, cuando convirtieron Ciudad del Este en un campo de batalla.
No podemos olvidar que las organizaciones criminales están conectadas transnacionalmente. Por lo tanto, los esfuerzos gubernamentales no deben ser acciones locales aisladas, sino estrategias coordinadas con otros Estados, de modo a contar con capacidad operativa internacional.
El peligro no se limita a los delitos que estos grupos cometen, sino también a la silenciosa erosión de la soberanía nacional. Cada espacio del territorio donde el Estado pierde control efectivo —ya sea porque los jueces teman, los policías callen o, peor aún, los políticos pacten— es un territorio en el que se diluye la soberanía y el Estado de derecho se convierte en el orden del más fuerte, cuando no en "tierra de nadie", regida por las normas de estos grupos marginales que sustituyen al propio Estado.
Cuando una organización criminal decide quién vive y quién muere, quién puede circular o comerciar, qué productos pueden venderse o incluso cobra "impuestos" a quienes solo quieren vivir y trabajar en paz, ya no hablamos de delitos comunes, sino de algo mucho más complejo y peligroso: un poder local que desafía y reemplaza al Estado. Esa es la esencia del terrorismo: el uso sistemático del miedo y la violencia para dominar e imponer condiciones, alterando el orden legal e institucional de un país.
En este contexto, la decisión del Gobierno paraguayo de declarar "grupos terroristas" a las organizaciones criminales brasileñas no es una simple cuestión semántica ni una respuesta coyuntural ante la posibilidad de que, tras la ofensiva del Gobierno del Brasil, estos grupos busquen refugio y trasladen sus operaciones a nuestro país. Se trata de una decisión acertada y oportuna, que no debe quedarse en el plano declarativo, sino traducirse en una acción firme de afirmación de soberanía nacional.
Esta medida se sustenta en el marco jurídico nacional: la Ley N.º 4024/10, que castiga específicamente el terrorismo; la Ley N.º 6419/23, que persigue sus activos y financistas; y la Ley N.º 1337/99, con su modificación de 2013, que define la defensa nacional como el conjunto de acciones y previsiones que el Estado realiza ante amenazas internas y externas. En virtud del Decreto N.º 103/2013, los departamentos susceptibles de operaciones de defensa interna eran Concepción, San Pedro y Amambay, extendiéndose en 2024 a Canindeyú.
Amparado en estas normas y en la reciente calificación de grupos terroristas, el Gobierno puede movilizar todos los recursos institucionales, militares, policiales y financieros necesarios para combatirlos, en defensa del orden constitucional y la seguridad de la población.
De hecho, el Gobierno nacional ha desplegado un operativo de magnitud pocas veces vista: 4.000 efectivos de las Fuerzas Armadas —Ejército, Armada y Fuerza Aérea— con apoyo interinstitucional de la Policía Nacional, la SENAD, la Dirección de Migraciones, el Ministerio Público y otros organismos, en el marco de la denominada "Operación Escudo Guaraní", cuyo objetivo es blindar las fronteras ante la posible fuga hacia nuestro territorio de los criminales perseguidos en Brasil.
La dimensión internacional del problema hace indispensable la cooperación con otros países. No se trata de un conflicto local, sino de una red criminal internacional. Este punto es crucial. Los Estados Unidos, bajo su actual administración, tienen en foco al narcoterrorismo en América Latina, y podríamos estar ante la antesala de una intervención militar en países que representen una amenaza. El Gobierno norteamericano, representado por el presidente Trump, no solo tiene la voluntad, sino también el marco legal para hacerlo, a través de la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo, la Ley Patriótica, la Ley de Enemigos Extranjeros y la Ley RICO, además de contar con facultades discrecionales para actuar fuera de su territorio sin aprobación del Congreso cuando no se trate de acciones militares de gran escala.
En este escenario, Paraguay debe aprovechar esa carta y, al mismo tiempo, ser consciente de que la inacción no solo degradaría la seguridad interna, sino que podría tener un alto costo geopolítico: pérdida de cooperación, sanciones e incluso aislamiento. Ni Estados Unidos ni Brasil están dispuestos a tolerar a un vecino complaciente con el narcoterrorismo. Esto nos obliga a demostrar compromiso real y asumir un papel protagónico en la defensa de nuestros intereses.
Es el momento de dejar atrás la imagen de "refugio de indeseables" y ejercer toda la fuerza necesaria para proteger nuestros valores, nuestra economía, nuestras instituciones y, por sobre todo, a nuestra población.
Los grupos criminales son poderosos, pero el Estado lo es aún más, y debe reafirmarse como el único legitimado para ejercer la fuerza y el monopolio de la violencia cuando sea necesario.
Paraguay enfrenta hoy un punto de inflexión. Ha llegado la hora de adecuar la infraestructura institucional y legal, ser implacables con la corrupción, exigir resultados y consolidar alianzas políticas internacionales.
El decreto fue solo el primer paso. Lo que viene será la verdadera prueba de patriotismo y soberanía.