¿Populismo o cambio de doctrina en las FF. AA.?

En Paraguay, rige la Ley N.º 569/75, del 19 de diciembre del 1975, que establece el Servicio Militar Obligatorio (SMO) para jóvenes de 18 a 26 años. La obligación de estar disponible para cumplir con el SMO dura 17 años, desde la edad de 18 hasta el licenciamiento. Sin embargo, esta legislación fue modificada en varios artículos desde su promulgación. Actualmente, los ciudadanos que no estén de acuerdo con cumplir el servicio militar pueden ejercer su derecho a la objeción de conciencia por razones éticas y religiosas, según lo contemplado en los artículos 37 y 129 en la Constitución Nacional (CN); sin embargo, deben realizar actividades en beneficio de la sociedad.

La Dirección General de Reclutamiento, Reserva y Movilización (DIGERMOV) es la entidad encargada del SMO en Paraguay; y, a su vez, es el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) el organismo que se encarga de aplicar dicha ley, además de otras funciones relacionadas con la defensa nacional.

En noviembre del año pasado, el presidente de la República firmó la Orden General N.º 295 por el cual se autoriza el ingreso de mujeres al Centro de Instrucción Militar para Estudiantes y Formación de Oficiales y Sub Oficiales (Cimefor), lo que significó un hito para nuestro país. Pero más histórico aún es que, del total de jóvenes inscriptos, unas 1.920 personas, 1.045 fueron mujeres y 875 varones.

Cabe recordar que en 1992 la cifra de participantes superaba los 17.000 jóvenes. En cuanto a la objeción de conciencia, desde que fue reconocida en la CN y reglamentada por la Ley N.º 4013/2010, se ha registrado un importante número de objetores. Para 2018, se entregaron 10.274 certificados y aproximadamente 80.000 solicitudes están en espera.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población juvenil de 18 a 29 años de edad es de 1.492.367 personas. De esta población, 739.533 son hombres y 752.834 son mujeres. De esta manera, se puede saber aproximadamente la cantidad de personas que deberían inscribirse para prestar el servicio militar. Sin embargo, de acuerdo con los últimos datos ofrecidos por el propio ministerio de Defensa, la cartera solo cuenta con fondos para cubrir las necesidades básicas y el equipamiento de 4.067 soldados durante el año que dura el adiestramiento.

Con respecto a la participación de las mujeres, para una exministra de Defensa, esta participación influirá indefectiblemente en la mirada y en la percepción de la sociedad en cuanto a la figura femenina en este siglo XXI en cuanto a seguridad y defensa nacional. Por lo observado, caben preguntas que la propia sociedad tendrá que contestarlas: ¿Las mujeres están nuevamente visibilizando su rol en la seguridad y defensa de la patria, exigiendo así, enfáticamente, también por este medio, mayor seguridad?, ¿e insistiendo en su reconocimiento en cuanto a su participación en los diferentes estamentos?

Ante el bajísimo número de jóvenes varones que se presentan para realizar el SMO, también debemos preguntarnos ¿puede el Estado paraguayo renunciar a dar cumplimiento a un mandato constitucional? ¿O es un acomodo de las FF. AA. y otras instituciones para evitar roces interinstitucionales con el Congreso Nacional y los partidos políticos?

El Estado paraguayo debe analizar profundamente el futuro de nuestras Fuerzas Armadas, plantearse si esta es una inversión que se justifica, teniendo en cuenta que la mayoría de los reclutados no quedan como parte de la élite de las FF. AA., institución que hoy carece de doctrina y planificación.

Es importante destacar que la participación de mujeres en roles de combate es un tema que ha generado debate y controversia en algunos países. Sin embargo, muchas fuerzas armadas han reconocido la importancia de la diversidad y la inclusión en sus filas.

En materia de defensa nacional no se improvisa nada. ¿Se evaluó y discutió suficientemente la incorporación de las jóvenes a las fuerzas militares? ¿Por qué no se explicó a la ciudadanía y, mucho menos, por qué careció de debate parlamentario?