El transporte público es un derecho ciudadano

El transporte público en Paraguay enfrenta un momento decisivo. El reciente anuncio del proyecto de Transformación de Transporte Público por parte del Gobierno Nacional, liderado por el presidente Santiago Peña, genera tanto expectativas como dudas entre los ciudadanos. Aunque el mandatario resaltó la importancia de esta iniciativa para mejorar la calidad de vida de la población, la fe de los usuarios en la concreción del proyecto es mínima, en parte debido a la forma en que fue presentado y a las experiencias frustrantes del pasado.

Según denuncias de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama), la socialización del anteproyecto se realizó el 23 de diciembre, en plena víspera de Nochebuena, lo que dificultó la participación ciudadana. Este hecho plantea interrogantes sobre la transparencia y la inclusión en un proyecto que debería priorizar las necesidades de quienes dependen del sistema de transporte público todos los días.

El transporte público eficiente y de calidad no es solo un lujo; es un derecho indispensable para la vida social. En Paraguay, los usuarios enfrentan diariamente condiciones precarias: buses en estado deplorable, con fallas mecánicas evidentes, goteras en días de lluvia, e incluso situaciones extremas en las que pasajeros deben empujar los vehículos para completar el trayecto. Estas imágenes no solo reflejan la falta de inversión en infraestructura, sino también el impacto negativo en el bienestar de las personas.

Un sistema de transporte eficiente tendría beneficios inmediatos y a largo plazo. Reduciría el tiempo que las personas pasan trasladándose, permitiéndoles dedicar más horas a sus familias, trabajos, estudios o actividades recreativas. Además, una flota moderna y un servicio nocturno garantizarían mayor seguridad y accesibilidad, especialmente para quienes trabajan fuera de los horarios convencionales.

No obstante, el desafío va más allá de mejorar la flota actual. Es fundamental abordar las licitaciones de itinerarios, históricamente monopolizadas por sectores empresariales que, pese a recibir subsidios gubernamentales, no garantizan el servicio de calidad esperado. La implementación de nuevos buses, junto con la eliminación de las “reguladas” –reducciones arbitrarias del servicio–, es primordial para devolver la confianza al usuario.

Otra alternativa a considerar es diversificar los medios de transporte, explorando opciones como trenes, que podrían complementar el sistema actual y hacerlo más sostenible. La reducción de la dependencia en vehículos particulares, como autos y motocicletas, no solo aliviaría el tráfico, sino que también disminuiría el impacto ambiental de los hidrocarburos.

La oportunidad de concretar este proyecto representa un desafío histórico para el gobierno de Peña. Todas las administraciones anteriores intentaron, sin éxito, transformar el sistema de transporte público. Si se logra avanzar en esta dirección, no solo se estarían resolviendo problemas inmediatos, sino que se estarían sentando las bases para un modelo de desarrollo más equitativo y eficiente.

Es hora de priorizar al ciudadano, escuchar sus necesidades y apostar por un futuro donde el transporte público deje de ser una pesadilla cotidiana para convertirse en un motor de progreso.