¿Quién gobierna la Senad?

Un memorándum de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) es un documento para establecer acuerdos mutuos entre las partes. Describe claramente cómo trabajarán juntas las partes y define las responsabilidades y expectativas. Los memorándums de entendimiento suelen ser el primer paso antes de crear un acuerdo formal y un contrato vinculante.

Justamente, el Memorándum de Entendimiento (MDE) firmado el 11 de marzo de 2022, entre la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el Ministerio Público, la Policía Nacional de nuestro país y la Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA, por su sigla en inglés), establece claramente cada uno de los puntos del acuerdo de la cooperación que desde una cartera de Estado de nuestro país se quiso romper de manera abrupta y hasta inconstitucional. A través de la nota remitida por el organismo estadounidense quedó en evidencia que Paraguay aún debe rendir cuentas sobre la ejecución del programa de Unidad de Investigación Sensible (SIU).

En el documento de respuesta a la intención de Paraguay, Estados Unidos dice que: “Aunque su notificación no proporcionó una fecha específica de su retiro del MDE y, por lo tanto, del programa SIU, la DEA entiende que su intención es cumplir con la Sección 8 del Memorándum, que estable en parte ‘Cualquiera de los participantes puede descontinuar actividades, pero debe hacer el esfuerzo de proveer un preaviso de noventa (90) días por escrito a los otros Participantes’”. En otras palabras, la Senad debería empezar a rendir cuentas sobre la ejecución del programa SIU. “La DEA tiene la intención de continuar financiando la ejecución del Programa SIU, incluido todo programa técnico y equipamiento operado por la SIU, y de proveer apoyo para las investigaciones bilaterales y multilaterales de drogas”, dice además el escrito.

El inicio del acuerdo de cooperación viola la Constitución Nacional, ya que es el Ministerio de Relaciones Exteriores el organismo responsable del gobierno en establecer los acuerdos internacionales, para luego derivarlo a la Secretaría Técnica de Planificación (STP) que actualmente forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto demuestra total improvisación de parte del Gobierno.

Sumando más irregularidades, el presidente de la República, designa a tercero para realizar una conferencia de prensa y tratar de explicar lo inexplicable sobre la nota enviada unilateralmente por la Senad, para rescindir el acuerdo con la DEA. Así, el titular del Consejo Nacional de Defensa (Codena) fue quien dio la cara ante lo ocurrido.

Vale aclarar, que el Codena se encarga de asesorar al residente de la República en materia de seguridad y soberanía. Entre sus funciones se encuentran: revisar los avances y las acciones futuras en materia de seguridad nacional, garantizar la seguridad del Estado y la protección ciudadana, proteger la infraestructura y los recursos estratégicos, garantizar la defensa civil. Sin embargo, algunos cuestionan la relevancia de esta institución debido a que tiene funciones duplicadas, su impacto en la coordinación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es escaso, carece de transparencia y su estructura está desactualizada para enfrentar amenazas contemporáneas, además por no incluir a representantes de la Policía Nacional.

El Codena podría caer en superposiciones y lejos de articular y coordinar acciones de las instituciones responsables, se estaría duplicando esfuerzos y recursos, cuando no generando una rivalidad absurda entre instituciones que deberían tener suficientemente delimitada sus funciones.

Esta crisis Senad – DEA desnuda un sinnúmero de falencias y malos manejos institucionales, legales y administrativos. La Senad debería de relacionarse a través de la Cancillería Nacional con organismos pares internacionales; e, internamente, los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional deben conocer su actuar dentro del territorio de la República. Por y para eso fue construido y creado el Codena.

Un secretario antidrogas no puede estar por encima de la política exterior, de la política interior y menos de la de Defensa Nacional. Ninguno de sus titulares estaba al tanto de lo que venía ocurriendo sin ser la primera vez que desde la Senad se toman decisiones inconsultas. Llegó el momento de ordenar la casa y subordinar – el programa que sea – incluido los de lucha contra las drogas y delitos conexos a los objetivos del Gobierno del Paraguay a través de las instituciones designadas.

Este “papelón” es apenas la punta del iceberg de lo que realmente viene ocurriendo y es momento de ordenar la casa en cuanto a esta política de Estado. Se violenta la CN y el mismo Estado de derecho y compromete la soberanía misma.