¿Dónde buscar a los culpables?

Pareciera un cuento repetido y sin final feliz, pero lamentablemente no es ficción que Paraguay atraviesa nuevamente crisis ambientales como bajantes históricas de los ríos, sequía, calor, incendios forestales y densos mantos de humareda tóxica que amenazan la salud de la población. El Estado paraguayo demostró una nula previsión y la ausencia total de inteligencia estratégica para mitigar los impactos de las condiciones climáticas adversas. Las consecuencias sociales y económicas ya son incalculables.

La Ley N.º 6.818 del Manejo Integral del Fuego, promulgada en el año 2022, tiene como objeto establecer las acciones, normas y procedimientos para el Manejo Integral del Fuego, así como establecer las medidas de prevención que deberán acatarse al ejecutar esta práctica en el ámbito del territorio nacional. Por otro lado, siempre de acuerdo a lo establecido en la legislación, es obligatorio para el Gobierno salvaguardar la vida, la salud y los bienes de las personas, así como de los ecosistemas.

La autoridad de aplicación de la “Ley del Fuego”, como también se la conoce, es el Instituto Forestal Nacional (Infona), cuyas funciones son, entre otras: definir, supervisar y evaluar la Política Nacional de Manejo Integral del Fuego; establecer los Planes Nacionales y Regionales de Manejo Integral del Fuego; determinar normas, criterios e indicadores a ser aplicados por las municipalidades; establecer las zonas y épocas de prohibición de quema; promover la implementación del Sistema de Alerta Temprana a nivel nacional, departamental y municipal; identificar áreas potenciales de riesgo de incendios forestales; recomendar prácticas tecnológicas que sustituyan las técnicas tradicionales de quema rural, contrarios al Manejo Integral del Fuego; proveer asistencia técnica y cooperar con las municipalidades para el cumplimiento de la presente ley y sus reglamentos; realizar evaluación del daño provocado por incendios y recomendar al Poder Ejecutivo un plan para recomponer las áreas degradadas o destruidas; solicitar la intervención de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), en casos de incendios de grandes magnitudes; y seguir los procesos administrativos y judiciales relacionados con las infracciones establecidas en la presente ley.

Y en este punto nos preguntamos: ¿Cumple a cabalidad con todas estas funciones el Infona? Por los desastres repetidos año tras año, claramente la institución no se rige de acuerdo a la Ley.

Paraguay sigue con una respuesta reactiva, es decir, una vez que se producen los incendios, las instituciones trabajan solo en apagarlos; el Plan Forestal debería incorporar medidas verdaderamente de prevención y mitigación de los fuegos forestales. Es por esto, que países como Uruguay – que inició hace 30 años programas de forestación y reforestación – llegaron al millón de hectáreas responsablemente y cuentan con un avión hidratante de la capacidad necesaria para la tarea.

En nuestro país no se prevé infraestructura adecuada, ni siquiera una institución responsable de dicha acción, cuando el mismo Infona debería de estar a cargo. Un Programa Nacional debe incluir seguridad, sanciones para quienes queman intencionalmente –algo que está estipulado en la Ley del Manejo del Fuego, pero que tampoco se cumple–, debe contar con presupuestos para el servicio de bomberos forestales, incluyendo los aeronáuticos y, sobre todo, una institución responsable de la prevención, ejecución de las medidas y la acción.

El Estado tiene que garantizar a los ciudadanos la protección frente a situaciones de emergencia y desastres. Urge trabajar en mecanismos articulados con centros de operaciones que faciliten la participación de cooperaciones y organizaciones con experiencias en estos casos.

Una política real de prevención a los desastres ambientales debe involucrar a la comunidad, la cual debe recibir toda la información necesaria sobre la situación, de cómo le afectará y sobre su participación en la toma de decisiones, pero esto no significa una sustitución de los roles del Estado.

El daño ambiental causado hasta ahora ya es irreversible, por eso el Gobierno debe ajustar estas acciones de manera urgente, de lo contrario las pérdidas serán cada vez más grandes y ni siquiera se llegará tarde, simplemente ya no se llegará; entonces, no deberán buscar culpables como están haciendo ahora, porque los culpables estarán entre las propias autoridades.