Editorial
Gobierno en el limbo
En el marco de la Convención de Palermo, tema que ocupó este espacio de El Nacional la semana pasada, Paraguay se comprometió a aplicar todos los esfuerzos tendientes a combatir de manera eficiente y eficaz los desafíos actuales y emergentes de la delincuencia organizada transnacional. Sin embargo, es bastante evidente que el aumento de la criminalidad en nuestro país está afectando al sistema republicano, donde los Poderes del Estado son independientes, equilibrados, con controles y contrapesos entre sí.
Recordemos que Paraguay se encuentra en tercera posición en el ranking de criminalidad, de entre 193 países de la lista, que completan naciones de varias partes del mundo, según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional en Suiza. Nuestro país se encuentra solo por debajo de Myanmar (Birmania) y República Democrática del Congo en la categoría de “actores criminales”. Los datos se actualizan cada dos años. En el 2021, el país figuraba en el puesto 11, detrás de países latinoamericanos como Honduras, Colombia, Venezuela, además de zonas del Medio Oriente, entre otros.
Estas amenazas empiezan con la vulnerabilidad del Estado y de sus instituciones, a través de designaciones irregulares, de elecciones con financiamientos no controlados y de dudosos orígenes, se presentan como desidia y falta de capacidad. La falta de sanciones más duras a los políticos que utilizan dinero sucio o violan los límites legales en el financiamiento de sus campañas, así como un órgano independiente que realice un control en tiempo real de dichas campañas, sin verse afectado por las presiones políticas, son puntos importantes que afectan el sistema electoral paraguayo.
Es hora de replantear políticas públicas, en especial las de defensa nacional y de política criminal, a fin de garantizar a toda la población paraguaya la seguridad de la cual está privada en estos momentos, considerando para ello la formación de cuerpos de élite; civiles y miliares especializadas para defendernos del crimen transnacional, que es un pulpo que crece con tentáculos muy poderosos.
El Gobierno muestra poca voluntad y firmeza para enfrentar a los responsables y mucho menos para llevar adelante acciones que eviten el actuar a estas matrices criminales en nuestro territorio. Cegarse a tan delicada situación en la que se encuentra el país nos lleva a un gobierno paralizado, que permite la impunidad, reflejando dudas e inseguridades que profundiza la debilidad institucional y podría desembocar en una situación aún mucho peor como lo es la de Estado fallido.
Los últimos hechos acontecidos y la respuesta institucional a los mismos nos llevan a pensar a que estamos gobernados por improvisados o que las asociaciones criminales han vulnerado e infiltrado el más alto nivel de la conducción nacional, dejando al Gobierno indeciso, sin respuestas, como si estuviera en el mismo limbo.
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