El botín de los piratas

Una de las muchas reglas de vida, que el ciudadano avispado debe de conocer para entender la realidad en la que vive, es que detrás de los más bellos discursos, grandilocuentes propósitos y las más admirables propuestas de la clase política, por lo general, se oculta una realidad de intereses espurios que se alejan de las altruistas declaraciones de intenciones.

Un ejemplo de lo antes dicho fue la instauración de las gobernaciones, en teoría, esto se concibió para que el Poder Ejecutivo se haga “in situ” en vez de en un lejano centro de poder. Así, el poder y los recursos estarían en las propias puertas de las necesitadas de cada región, ofreciendo una gestión más rápida y focalizada. Esto choca con la propia estructura de la nación paraguaya, que siempre fue un Estado unitario (y que constitucionalmente lo sigue siendo). Al agregarles estas instituciones de corte federalista, lo que se construyó fue un Frankenstein. ¿Se consiguió una correcta transferencia de capacidad de gobierno y recursos? Más parece que lo único que se transfirió fueron los vicios del gobierno central a las nuevas elites políticas que se formaron en el interior.

En el 2012, tenemos otro ejemplo de una de esas bellas propuestas que asomaban en el horizonte: nos referimos a la creación del Fonacide (Fondo de Inversión Pública y Desarrollo) con fondos que consistían en las compensaciones por la cesión de energía de la Entidad Binacional Itaipú al Brasil.

¿Quién podría oponerse y dejar de ilusionarse con la posibilidad de que una gran cantidad de fondos “llegue a todas partes del país” y que cada uno gestione los recursos de acuerdo a las palpables necesidades locales, sin que una burocracia, distante y ajena a la realidad local, los ignore? Claro que era una esperanzadora propuesta. Lo que pocos vieron es que su original planteamiento de “descentralizar los royalties”, databa del 2006 y tuvo que ver con que el presidente de la República, en ese momento, se encontraba peleando panza arriba por lograr la implantación de la reelección vía enmienda constitucional. Tanto ese expresidente, como su equipo político, no se caracterizaron por respetar las normas, desde las más simples formalidades, hasta las de más alto rango, como ya vimos con la intentona de enmienda.

Y aquí volvemos al inicio: a las gobernaciones, donde el hambre y las ganas de comer se juntaron, pues para sus pretensiones, el gobernante necesitaba del apoyo de gobernadores e intendentes para su intención de reelección, y esto “casualmente” serían los destinatarios de esos cuantiosos fondos.

Ante todo lo dicho, no sorprenda que los derroteros, que tomaron los fondos a lo largo de estos años, no fueron los que los llevaban a las escuelas y poblaciones más necesitadas, sino directo a los bolsillos de políticos inescrupulosos. En este punto podríamos hacernos un festín citando todos los casos de irregularidades, pero no terminaríamos esta nota, bastará con algunos datos y ejemplos para que el lector adquiera a cabalidad la noción de la magnitud del entuerto.

Antes de iniciar el recuento, vale la pena aclarar que en 2012 la brecha entre el presupuesto y las necesidades de infraestructura en la educación equivalía a 50 veces el presupuesto disponible en esa materia. Se calculaba que se necesitaban unos 1.200 millones de dólares para paliar ese déficit. Por otro lado, entre los años 2012 y el 2022 se destinaron 3.252 millones de dólares al Fonacide. Casi tres veces el monto original necesitado, de ahí que la pregunta obligada sea: ¿Ha mejorado tres veces la disponibilidad y calidad de la infraestructura educativa en ese tiempo? Obviemos la respuesta por vergonzosa.

Así por ejemplo, de la primera transferencia que se hizo a Ciudad del Este, ya desaparecieron 200.000 dólares, el equivalente a 12 aulas o al almuerzo escolar para 4.700 estudiantes por un mes. Siete años después se descubrió que parte de ese dinero se gastó en salarios y en la compra de canastas navideñas. Los niños dejaron de comer para que los funcionarios puedan tener su pan dulce.

Tan fácil se volvió dilapidar esos recursos, pues no forman parte del presupuesto estatal, y no tienen los mismos métodos de control, que se normalizó el que los intendentes ni se molesten en rendir cuentas de los gastos. Así tenemos que para septiembre del 2019, según Ricardo Roa, en ese entonces director de comunicación de la Contraloría General de la República, se llegó al colmo de que de los 249 municipios, solo 15 rindieron cuentas sobre el uso del Fonacide. Con las gobernaciones ese año tampoco fue mejor: solo 4 de las 17 rindieron cuentas. Y si nadie se toma la molestia de controlar, como bien sabemos: cuando el gato no está, los ratones…

El porcentaje de ejecución de los presupuestos no se queda atrás: entre los años 2021 y 2022, once de las diecisiete gobernaciones no llegaron a ejecutar ni la mitad de los recursos. Algunas llegaron más lejos, como Caazapá, que solo tuvo una ejecución del 24%. ¡Caazapá! ¡Se dio ese lujo, el departamento más pobre del país, con un 47% de pobreza y un 33% de pobreza extrema! (Según la EPH, Encuesta Permanente de Hogares, de 2016).

Este descontrol hace que el 90% de las denuncias por corrupción que se reciben en la Contraloría, tengan que ver con el Fonacide.

A pesar de todo esto, y como la dureza del hambre de la población, solo puede ser superada por la propia hambre de la clase política, y la dureza de su cara, en setiembre pasado, los gobernadores tuvieron el descaro de pedir un aumento de los fondos. Más de una década y miles de millones de dólares después, las escuelas se siguen cayendo, los niños, faltos de recursos, siguen abandonando el sistema educativo (unos 457.000 en el anterior gobierno). Se desperdició una oportunidad única para que hasta el lugar más apartado de la república pueda gestionarse de acuerdo a sus necesidades, fue un “derecho adquirido” que ahora lo van a perder, transformaron al Fonacide de ser una esperanza de progreso, a ser un botín más de los piratas de la clase política, es uno más de los tantos dolorosos fracasos del país a la hora de encausarse.

Y como lo que no sirve se atrofia y muere, y el Fonacide, en tanto y en cuanto, nació atrofiado, merece la eutanasia. El ejecutivo y los órganos de gobierno de la república tienen la obligación e imperiosa necesidad de poner fin a este entuerto. Y la ciudadanía, la de exigir mejores órganos de control y fiscalización, para que ese eterno círculo que comienza con admirables propuestas, se rompa de una buena vez.