Estamos perdiendo la guerra

Las organizaciones criminales avanzan sin duda con pasos agigantados, desafiando a las instituciones y autoridades ante su ineptitud y falta de acción. Esta realidad, si bien ya se vive hace décadas a nivel mundial, ahora la podemos palpar con más frecuencia en nuestro día a día. El contexto electoral, en medio de actos criminales de gran envergadura, evidencia la democracia debilitada en que estamos insertos.

Es propicio traer a colación un sonado caso, como lo fue el asesinato del candidato presidencial en Colombia, Luis Carlos Galán, ultimado el 18 de agosto de 1989, minutos antes de iniciar su discurso electoral en Soacha, Cundinamarca. El crimen fue perpetrado por sicarios bajo las órdenes del Cartel de Medellín debido a su posición de extraditar a los narcotraficantes a Estados Unidos.

Años después, en México se registraba otro magnicidio. La víctima en esa oportunidad fue el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, del PRI, asesinado en marzo de 1994 al término de un mitin político en Tijuana. El mismo también fue ultimado por la alianza del narcotráfico, como señalan las investigaciones mexicanas.

Ambos casos se cometieron en un ambiente electoral y contra personas con cierta autoridad y postura para hacer frente al crimen organizado y transnacional. No está lejos de lo acontecido hace semanas con el asesinato del fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, en la isla Barú, Colombia; del grave atentado que sufrió el intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo; o del atentado contra el intendente de Domingo Martínez de Irala, Derlis Benegas. Si a esto le sumamos los innumerables hechos similares registrados durante la campaña electoral anterior, y lo experimentado en el día a día, podemos deducir que es hora de sentar postura y hacer frente a estas corporaciones inescrupulosas y que operan al margen de la ley.

Un punto fundamental en este escenario es el control del financiamiento político para conocer el origen y destino del dinero utilizado por los candidatos en sus respectivas campañas proselitistas. La legislación existe; pero al parecer falta mayor voluntad de aplicación, seguramente porque controlarlos significaría tener que ventilar ciertos vínculos de la narco-política.

Estas mega estructuras delictivas, que pueden llegar a ser más poderosas que el propio Estado, atentan contra la soberanía en sus disputas territoriales para cometer los hechos punibles que se les sindican, escalando todos los niveles: el soborno, la corrupción, extorsión, impunidad, hasta llegar a la eliminación física de quienes resulten un estorbo en sus metas. Los ataques de sicarios y atentados que sufren las autoridades no hacen más que afirmar cuán rápido avanzan los criminales, llegando incluso al homicidio político.

Es hora de replantear políticas públicas, en especial las de defensa nacional y de política criminal a fin de garantizar a toda la población paraguaya la seguridad de la cual está privada en estos momentos, considerando para ello la formación de cuerpos de élite; civiles y miliares especializadas para defendernos del crimen trasnacional, que es un pulpo que crece con tentáculos poderosísimos.

Adecuar la legislación, actualizar los organismos responsables con capacitaciones idóneas y especializaciones de los funcionarios responsables de investigar y reprimir al crimen organizado y, sobre todo, propiciar la cooperación internacional de los países donde las organizaciones criminales tengan su “matriz”, incluso para responder hasta los altos costos que representan para el Estado paraguayo. Se necesita, en principio, responsabilidad, compromiso, cooperación y recursos suficientes para combatir con efectividad a estas empresas criminales que pretenden restar tranquilidad a toda la población nacional. De lo contrario, esta será una guerra perdida.

                                                                                                                                                                                    D.D.W-S