Usura encubierta bajo aplicaciones de crédito
Desde hace algunos meses, aumenta de manera sostenida la cantidad de aplicaciones digitales que ofrecen créditos rápidos, incluso a personas que figuran en la lista de morosos de Informconf, con requisitos mínimos como facilitar el número de cédula de identidad y ser mayor de edad.
Una cantidad considerable de usuarios, que no logra llegar a fin de mes debido a los exiguos niveles de ingresos promedio en el país, recurre a estas aplicaciones sin dimensionar el altísimo costo financiero que representan.
Ni siquiera las autoridades monetarias manejan con precisión la cantidad de firmas digitales que operan en este segmento. Lo último que estas plataformas promocionan son las tasas de interés que aplican por los créditos, que en muchos casos superan el 60%, el doble de lo que establece la legislación vigente antes de considerarse usura.
Además de los elevados intereses, estas empresas digitales aplican costos "administrativos" que, en algunos casos, llegan al 30% del monto prestado.
Intentamos conversar con la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) sobre esta competencia desleal en el mercado crediticio, pero no hubo respuesta. Tras bambalinas del sector financiero se menciona que varias de estas empresas estarían capitalizadas por altos ejecutivos del sistema financiero formal.
Qué dice el BCP
Con respecto a las comisiones aplicables a préstamos, el Banco Central del Paraguay (BCP) señala que el numeral 3, "Préstamos", del anexo de la Resolución N.º 1, Acta N.º 36, del 2 de septiembre de 2025 —"Reglamento de Transparencia y Criterios Mínimos para el Cobro de Comisiones, Gastos y Penalidades en el Sector Financiero"— establece de manera taxativa las comisiones asociadas a este tipo de producto que pueden ser objeto de cobro.
En dicho anexo se contempla el cobro de la comisión denominada "Gastos administrativos por desembolso", correspondiente a los gastos en que incurre la entidad al momento de concretar el préstamo.
Esta comisión, a su vez, se encuentra regulada por el artículo 8 de la Resolución N.º 23, Acta N.º 9, del 23 de febrero de 2023.
En ese sentido, se establecen topes y condiciones para el cobro de esta comisión, que se detallan a continuación:
En créditos de hasta 25 salarios mínimos, las entidades pueden cobrar gastos administrativos por el otorgamiento y gestión del préstamo y excluirlos del cálculo de la tasa de interés, aunque con límites específicos.
Estos gastos no pueden superar el menor de los siguientes montos: cinco jornales mínimos para actividades diversas no especificadas en la capital o el 25% del monto neto a desembolsar.
"Estos gastos pueden cobrarse por cada crédito otorgado, incluso en renovaciones, siempre que exista un nuevo desembolso que incremente el capital en al menos un 20% respecto al crédito anterior y no más de dos veces en un mismo año. Cualquier monto que exceda estos límites debe computarse como parte de la tasa de interés", resaltan desde el ente regulador.
En el caso mencionado, donde el préstamo es otorgado de manera digital a través de una aplicación, el BCP aclara que la normativa no discrimina la modalidad de otorgamiento.
Asimismo, señalan que, de contarse con un caso específico, podría realizarse una verificación para analizar si la operación se encuentra dentro de los parámetros establecidos, para lo cual sería necesaria la liquidación detallada del préstamo.
Casas de electrodomésticos
El verdadero negocio detrás de muchas casas de electrodomésticos no es la venta de productos, sino la intermediación financiera y la colocación de créditos a sectores vulnerables.
Estas cadenas operan, en la práctica, como financieras encubiertas, donde los márgenes de ganancia obtenidos mediante la financiación llegan a triplicar el valor del artículo vendido.
En los papeles, el cliente sale de la tienda con un televisor. En la realidad financiera, ha contratado un préstamo bajo condiciones extremas.
Este fenómeno, conocido técnicamente como "banca en las sombras", opera al margen de las estrictas regulaciones que el BCP impone a bancos y financieras tradicionales.
Mientras una entidad bancaria exige historial crediticio, comprobantes de ingresos y estabilidad laboral, las casas de electrodomésticos solicitan apenas la cédula de identidad y una firma. El riesgo de impago es alto, pero la recompensa económica lo es aún más: el precio final que el consumidor termina pagando en cuotas duplica o triplica el valor real al contado del producto.
La ingeniería financiera
Para no violar abiertamente la Ley N.º 2339, que sanciona la usura, las cadenas minoristas perfeccionaron una ingeniería contractual que les permite esquivar los límites oficiales.
Mensualmente, el BCP publica los límites máximos para tasas consideradas usurarias en créditos de consumo. Sin embargo, los comercios logran eludir estos topes mediante tres estrategias principales:
1. Inflación artificial del precio base
Si un teléfono celular cuesta ₲ 2.000.000 en el mercado real, la cadena fija su "precio institucional de contado" en ₲ 3.500.000. Al aplicar posteriormente una tasa de interés legal sobre ese monto inflado, la cuota resultante se vuelve exorbitante, aunque técnicamente no vulnere la ley de usura.
2. Cargos y seguros obligatorios
Las cuotas se incrementan mediante "gastos administrativos", "seguros de vida por deuda" y "tasas de entrega". Estos montos no se declaran como intereses corrientes, pero aumentan de manera directa el Costo Financiero Total (CFT) para el comprador.
3. El pagaré en blanco
Al momento de la compra, el cliente firma un contrato de adhesión y un pagaré. Si el deudor incurre en mora incluso por un solo día, las cadenas activan sistemas de cobranza agresiva y demandas judiciales corporativas, exigiendo el total de la deuda más intereses punitorios abusivos.
Informalidad y vulnerabilidad
Este modelo de negocio prospera debido a la profunda brecha de inclusión financiera existente en Paraguay.
Gran parte de la población trabajadora opera en la informalidad y no tiene posibilidad de acceder a un crédito bancario formal. Sin alternativas, muchas personas quedan atrapadas en el circuito de las cuotas eternas. Las cadenas comerciales terminan convirtiéndose así en los prestamistas de última instancia para los sectores populares.
La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario recibe anualmente miles de denuncias por cláusulas abusivas, cobros indebidos e ingresos irregulares de ciudadanos a bases de datos de morosidad como Informconf.
A pesar de los esfuerzos institucionales y de las iniciativas impulsadas por el Ministerio de Industria y Comercio para ampliar el acceso al financiamiento legal de sectores vulnerables, el vacío regulatorio sobre el crédito comercial continúa dejando desprotegidos a los consumidores.
La próxima vez que vea un cartel que promete electrodomésticos en "24 cuotas de regalo", recuerde que no está ingresando únicamente a una tienda de tecnología, sino también a una financiera disfrazada, donde usted —y no el aparato— termina siendo la verdadera mercancía.