Supermercadistas se suman al debate por la reforma jubilatoria
El gremio que nuclea a los supermercados, la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), también se pronunció sobre el tema central de la semana: el anteproyecto de ley que busca modificar el sistema de la Caja Fiscal y que, según el sector privado, podría implicar una mayor carga impositiva para cubrir regímenes jubilatorios considerados privilegiados dentro de la Administración Central.
Desde Capasu señalaron que la reforma de la Caja Fiscal impulsada por el Poder Ejecutivo es necesaria e impostergable, ante una crisis estructural que compromete su sostenibilidad y el bienestar de las futuras generaciones. "Es imperativo encontrar una solución mediante reformas responsables y de fondo", subraya el comunicado.
No obstante, el gremio advirtió que trasladar los costos al sector privado resultaría injusto y tendría efectos negativos sobre el empleo, la inversión y el esfuerzo que miles de empresas realizan a diario para sostener el desarrollo del país.
"Desde Capasu respaldamos la construcción de consensos que permitan avanzar hacia una Caja Fiscal viable, equilibrada y predecible, garantizando los derechos de los jubilados sin generar impactos negativos sobre sectores que no son responsables de esta situación y que cumplen un rol clave en la economía nacional", expresa el pronunciamiento. Añade que la sostenibilidad de la Caja Fiscal no es solo un debate técnico, sino un problema cuyas consecuencias alcanzan a toda la ciudadanía.
"Cuando el Estado debe cubrir déficits estructurales con recursos generales, son los consumidores y las familias quienes terminan asumiendo el costo a través de los impuestos que pagan todos los días", cuestiona el gremio.
En contexto
De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el déficit de la Caja Fiscal ascendió a USD 334 millones en 2025 y, de mantenerse las condiciones actuales, podría multiplicarse casi por tres hasta alcanzar USD 952 millones en 2030, equivalente al 1,4 % del PIB, monto que sería cubierto íntegramente con recursos tributarios.
Según las proyecciones oficiales, para financiar ese déficit el Congreso debería aprobar un aumento de la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 10 % al 12,5 % hacia el año 2030. Alternativamente, para evitar ese incremento impositivo, la tasa de aporte previsional debería elevarse hasta el 80 % del salario, un escenario que el sector privado considera absolutamente inviable.
Desde Capasu sostienen que este déficit creciente es consecuencia de un régimen jubilatorio de privilegio otorgado a amplios sectores del funcionariado público, aprobado por decisiones legislativas adoptadas en las últimas décadas.
De acuerdo con el MEF, solo el segmento de funcionarios administrativos cuenta con un régimen previsional con parámetros razonables en cuanto a años de aportes, edad mínima de jubilación y tasa de sustitución. En contraste, otros sectores han acumulado beneficios cada vez más ventajosos.
Los datos oficiales indican que en 2024 la edad promedio de los nuevos jubilados de los sectores de docentes, fuerzas policiales y militares —que no cuentan con una edad mínima de jubilación— fue de 52 años, y que cerca del 30 % se retiró con menos de 50 años, en un país donde la expectativa de vida promedio alcanza los 75 años.